Por REDACCION
El Gobierno estudia el marco jurídico aplicable para suspender la vigencia de la Ley de Alquileres que a menos de dos años de su puesta en vigor dio como resultado un aumento del precio de las locaciones a causa de una contracción de la oferta de inmuebles.
La decisión se habría tomado durante un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que se analizó este tema como una cuestión prioritaria. Si bien el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de avanzar en ese sentido, la traba es cómo lograr legalmente la suspensión de la norma que fue sancionada en el Congreso. Para tal fin se estaría estudiando la posibilidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
La Ley, que fue aprobada en noviembre de 2019 y entró en vigencia siete meses después, estableció una serie de condiciones que llevó a los dueños de departamentos a optar por no poner su propiedad en alquiler.
Entre los puntos más cuestionados es la extensión del plazo de vigencia de los contratos a tres años, la forma de actualización anual del valor de los alquileres, y la aplicación de un índice para establecer esos aumentos.
Los obstáculos y riesgos que pasaban a correr los propietarios hicieron que estos decidieran quitar sus inmuebles del mercado e incluso en muchos casos los pasaran a alquileres temporales, donde la ley no tiene injerencia.
La norma comenzó a mostrar sus falencias a poco de su implementación y en consecuencia distintas fuerzas políticas presentaron en el Congreso decenas de proyectos para modificarla, pero nunca se alcanzó el consenso necesario.
La aplicación del índice de actualización de los valores anualmente provoca que los inquilinos deban afrontar aumentos que por estos días se acercan al 100% de un mes a otro, rompiendo cualquier presupuesto. El Indice de Contrato de Locaciones (ICL) se conforma con la evolución del RIPTE (evolución de salarios) y de la inflación.
Además, los propietarios que recuperan su inmueble y deciden ponerlo nuevamente en alquiler piden un monto mensual muy elevado para cubrirse de la evolución de la inflación.
RESISTENCIA LEGISLATIVA
La versión de que el Gobierno nacional dejaría sin efecto la Ley de Alquileres no pasó desapercibida en la oposición de Juntos por el Cambio, que reclama que el debate se resuelva en el Congreso nacional, ya sea para derogar la norma vigente o para sancionar una nueva.
El diputado nacional de la UCR Julio Cobos es partidario de derogar la ley 27.551, sancionada en junio de 2020, y que el Congreso se otorgue "un tiempo prudencial" para debatir y aprobar una nueva normativa.
Su compañera de bancada Karina Banfi había presentado en 2021 un proyecto en el mismo sentido, que restituía la vigencia de la redacción de los artículos relacionados en el Código Civil y Comercial de la Nación, y que aún conserva estado parlamentario. .
Según señaló Cobos en diálogo con NA, es válido que el Gobierno derogue la ley por decreto de necesidad y urgencia, pero sostuvo que "estando funcionando el Congreso quedaría desprolijo" y "generará ruido".
La diputada de Evolución Radical Carla Carrizo fue mucho más categórica en ese sentido y en declaraciones a Noticias Argentinas advirtió que de derogar por decreto una ley que "no es de necesidad y urgencia" estaría "violentando la legalidad del país".
La porteña es proclive a retomar el dictamen de minoría opositor firmado el 22 de junio pasado en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, y entablar una mesa de negociación con el oficialismo para votarlo en la próximo sesión de la Cámara baja prevista para el 19 de junio.
Aquel día, el despacho de la mayoría oficialista juntó 40 firmas y mantiene los tres años de duración de los contratos y la actualización anual del precio del alquiler, mientras que el dictamen opositor cosechó 39 rúbricas y reduce a dos años los contratos, al tiempo que establece una indexación trimestral en base a un índice acordado libremente por las partes.
Ninguno de los dos proyectos tienen por sí mismos la suficiente fuerza para garantizar su aprobación en el recinto, por lo que convocar a una sesión a tales efectos supondría "jugar al fleje" y exponerse a pagar un costo político en caso de fracasar.
Pese a ser dictamen de minoría, el proyecto de la "oposición ampliada" (Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y Provincias Unidas) tenía una base mayor de apoyo, pero la alternativa de pedir una sesión conjunta, que en algún momento se barajó, ya no está en el menú por las dificultades de juntar quórum.
"Los dictámenes no convencen ni a propios ni a extraños, y no brindan una solución estructural que tiene que ver con la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, que es el tema de fondo", confesó Cobos, explicando en parte el estado de paralización del debate en la Cámara de Diputados.
Ante esta encerrona, y a la vista de la falta de mejoras en la situación del mercado de alquileres desde la sanción de la ley 27.551, en un contexto de altísima inflación y contracción de la oferta, el Gobierno puso las barbas en remojo y comunicará la decisión en los próximos días. (NA)
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