Por REDACCION
BUENOS AIRES, 26 (NA). - La posibilidad de que la Cámara de Diputados sesione este viernes para tratar la readecuación del Pacto Fiscal, que quedó pendiente la semana pasada, entró en duda luego de la maratón legislativa de la emergencia económica y podría pasarse para enero o febrero, junto con el tema de las jubilaciones de privilegio.
En la sesión pasado viernes, antes de sancionar la llamada "Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva", el Senado aprobó también la suspensión del Pacto Fiscal, un tema que interesa especialmente a los gobernadores, pero que quedó pendiente de tratamiento en Diputados.
La idea del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, era tratar ese tema el 27 de diciembre, pero esa sesión quedaría finalmente para enero, posiblemente el 8 o el 15 según supo NA de fuentes parlamentarias, que tampoco descartaron la posibilidad de que todo pase a febrero.
Las chances de sesionar en el verano crecieron con la prórroga de las sesiones extraordinarias que dictó el presidente Alberto Fernández hasta el 29 de febrero.
El mandatario justificó esa decisión al anunciar que enviará dos proyectos de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y ex diplomáticos, tras la polémica por la exclusión de esos dos regímenes especiales en la suspensión de la movilidad jubilatoria.
La prórroga le dio al Congreso un margen mayor para programar sesiones a lo largo del verano y postergar el tratamiento del proyecto sobre el Pacto Fiscal para cuando ingresen los proyectos sobre las jubilaciones de privilegio.
El tema del Pacto Fiscal interesa especialmente a los gobernadores porque al suspender el Pacto Fiscal de 2017 las provincias se verían habilitadas para subir impuestos, algo a lo que esa norma le había puesto límites.
El proyecto suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 las limitaciones sobre los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos, así como Bienes Personales y Ganancias, entre otros.
LEY DEBE PASAR POR
COMISION BICAMERAL
El decreto del presidente Alberto Fernández que promulgó la ley de emergencia económica deberá pasar por una comisión bicameral del Congreso que ya está integrada en base a la nueva conformación parlamentaria y que evalúa abocarse a esa tarea en el verano.
Se trata de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, cuyo función es dictaminar sobre la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), decretos delegados o de promulgación parcial de leyes.
Este cuerpo parlamentario se constituyó en base a la nueva integración del Congreso el jueves pasado, en medio del debate sobre la llamada ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva", atento precisamente a la promulgación de esa norma cuya aprobación era casi un hecho por esas horas.
No se descarta que el dictamen sobre el decreto 58/2019 que promulgó la ley el último lunes se trate en enero, si el Congreso reabre sus puertas para debatir el Pacto Fiscal y los proyectos anunciados por el Ejecutivo para modificar jubilaciones de privilegio.
Además, la comisión -que tiene mayoría oficialista- tendrá que evaluar el veto parcial contenido en el decreto, por el cual se observó una parte del artículo 52, referido a las retenciones en el caso de la minería.
"Obsérvase en el artículo 52 del Proyecto de Ley 27.541 la frase que dice ´En ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras´", señala el decreto.
La comisión reeligió como presidente al diputado del Frente de Todos Marcos Cleri y como vice al jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y de sus 16 integrantes nueve son del oficialismo.
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