Dictan prisión preventiva a Facundo y Claudio Albini

Por REDACCION

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El juez de garantías Guillermo Atencio, de La Plata, impuso la prisión preventiva para el exconcejal massista Facundo Albini y su padre Claudio, exempleado de la Legislatura Bonaerense.
Albini hijo es quien apareció en mensajes con Julio "Chocolate" Rigau a raíz del peritaje de su teléfono, y también su padre, Claudio, exsubdirector de Personal de la Legislatura Bonaerense.
"No resulta razonable presumir que ello pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de área ajena al manejo de las contrataciones y a quien ni siquiera pertenece a la planta funcional"; sostuvo el juez en su fallo.
"Nada de lo perpetrado pudo escapar al conocimiento y control de aquellos a quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se les concedía los derechos a la cobertura médica y al servicio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación de lo que lamentablemente se naturalice como la plata de la política", sostuvo Atencio.
Los contactos y conversaciones de Rigau hallados en su teléfono fueron clave para avanzar en la causa, ya que se acreditó que el "puntero" estaba preocupado por recaudar los fondos y rendir cuentas ante Claudio Albini por un lado; y por otro, la reprimenda que le dio Facundo cuando no lo ubicada.
"Que del quinto informe realizado sobre el celular de Rigau surge que entre las personas que aparecen en la lista de contactos agendados de su teléfono celular, se encuentran varios de los propietarios de las tarjetas de débito incautadas en la presente investigación y con los cuales mantenía conversaciones fluidas", valoró el juzgado.
Sobre la asociación ilícita, el juez tuvo en cuenta "la extensión del daño causado, la gravedad institucional que atraviesa el ilícito investigado, al tratarse de actos de corrupción cometidos en uno de los tres poderes del Estado provincial; la cantidad de hechos perpetrados -al menos 136-; el alto monto dinerario defraudado al erario público -suma que hasta el momento asciende a los ochocientos millones de pesos-; la duración en el tiempo de la maniobra ilícita; el importante rol desplegado por los imputados dentro de la asociación ilícita, habida cuenta de que eran las personas a quienes se les debía rendir cuentas del dinero ilícitamente recaudado; su carácter de funcionarios públicos; la posibilidad cierta de influenciar a los coimputados y la severidad de la pena en expectativa, en razón de la suma aritmética del máximo de la pena de los delitos investigados".