Por REDACCION
BUENOS AIRES, 21 (NA). - En la segunda jornada de alegatos, la defensa de Cristina Kirchner negó ayer una reunión con el empresario Lázaro Báez para organizar el "plan limpien todo", denunciado por los fiscales como parte de la presunta maniobra para ordenar la salida del gobierno en noviembre de 2015 borrando las huellas de la supuesta asociación ilícita por la que se la acusa.
Durante su exposición, el abogado Carlos Beraldi confirmó que la Vicepresidenta hablará ante el tribunal oral que la juzga por irregularidades en la obra pública el próximo viernes, actuando como "abogada en causa propia".
Será la tercera jornada que utilice la defensa, ya que en las dos primeras habló Beraldi intentando refutar el pedido fiscal de 12 años de prisión en contra de la Vicepresidenta.
Más temprano, el letrado señaló errores, contradicciones y denunció "mentiras" de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que -según su opinión- "fulminan la acusación".
Sobre la supuesta reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, el defensor refutó la descripción de la fiscalía, quien había definido que el 30 de noviembre de 2015 fue el "día clave" en la supuesta operatoria ilegal, que el fiscal Luciani dio por probado por un viaje de la hoy Vicepresidenta a Santa Cruz, que quedó documentado por "un vuelo rasante y peligroso" del avión Tango 01.
Beraldi demostró, con un artículo del diario La Nación, que ello no ocurrió el 30 de noviembre sino el 29, pero además se anticipó a un eventual cuestionamiento sobre que efectivamente el día señalado por la fiscalía Cristina Kirchner estaba en Santa Cruz y pudo haberse reunido con Báez.
El abogado exhibió un video en el que se ve a la ex mandataria realizando actividades durante toda la jornada, que concluyeron en un acto público, en la provincia de Río Negro, en Bariloche y Pilcaniyeu.
Con la misma tónica del lunes (exhibir el video con la acusación de los fiscales y contrarrestarlo con documentos y testimonios obtenidos durante el juicio), Beraldi desmintió la imputación sobre la decisión de realizar en Santa Cruz "obras por convenio" para darle un viso de legalidad a algo que, según la fiscalía, era ilegal.
Los comentarios de este artículo se encuentran deshabilitados.