Por REDACCION
Con la inflación a un ritmo de casi 100 puntos por año que registra la Argentina, cualquier presupuesto puede parecerse a un dibujo. Por ejemplo, la ley de gastos del Gobierno nacional que aprobó el Congreso a finales de diciembre del año pasado contemplaba para el 2022 un crecimiento del 4% del PBI, una inflación del 33% y un dólar a $131,1. La variable de la expansión de la economía cerrará este año en línea con la estimación oficial, pero en el caso de la inflación concluirá un 200 por ciento por encima del pronóstico que había hecho el ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Con respecto al dólar, la cotización del Banco Nación del pasado viernes era de 181 pesos, lo que deja muy lejos la previsión que la cartera económica había incluido en el Presupuesto nacional.
Para el 2023, el ministro de Economía, Sergio Massa, calculó que los precios aumentarán un 60 por ciento, que es muchísimo pero al mismo tiempo una cifra sustancialmente menor al 100% de este 2022. Además, el plan económico prevé un dólar oficial a $269,9. ¿Podrá cumplir?
En este escenario, ¿hasta dónde le conviene a los concejales involucrarse en discusiones por un millón de pesos más o menos de una partida para una obra o un programa específico incluidos en el Presupuesto 2023 cuando cada mes reciben pedidos del Ejecutivo para modificar partidas presupuestarias?
Más allá de que la macroeconomía obliga a revisar y actualizar cifras en forma constante, el Concejo aprobará el jueves el Presupuesto 2023 para darle la principal herramienta de gestión al intendente, Luis Castellano y no "poner palos en la rueda" justo antes de un año electoral.
El proyecto de Presupuesto Municipal 2023 contempla ingresos por $11.334.158.619; egresos por $11.293.919.212, con un superávit de $40.239.407. Del total de ingresos que el Municipio estima para el 2023, casi la mitad corresponden a "jurisdicción municipal", que ascienden a casi 5.000 millones de pesos. Por el Derecho de Registro e Inspección espera recaudar 2.335 millones de pesos y por la Tasa General casi 824 millones.
En cuanto a la inversión en infraestructura urbana, el Presupuesto comprende partidas por 910 millones para desagües (700 para la Laguna Amancay), 213 millones para iluminación, 706 para mantenimiento y obras (297 para vivienda y hábitat social y 142 millones para remodelación de bulevares y avenidas), 108 millones para la política de ordenamiento vial y 576 para obras viales (pavimento, entre otras).
Un clásico de los debates sobre esta ordenanza era una derivación de los cambios en la Tributaria. Es que la mayoría opositora acostumbraba a recortar los aumentos tributarios, lo que tenía un impacto en los ingresos previstos por el Ejecutivo y por tanto obligaba a hacer recortes de partidas. Sin embargo, esta vez no será necesario después de que el concejal opositor, Ceferino Mondino, se alineara con el oficialismo para darle a Castellano el incremento de la Unidad de Cuenta Municipal que pretendía -a propósito, los contribuyentes municipales están que arden en redes sociales después de que la semana pasada comenzaron a recibir la liquidación de la Tasa, "salada como el mar", según definió uno de tantos-.
La semana pasada, más de 10 funcionarios del Gabinete municipal desfilaron por el Concejo para acercar información sobre el Presupuesto que habían solicitado desde la oposición, tal como publicó este Diario. Durante más de tres horas, buscaron facilitar todos los datos en busca de reducir cuestionamientos y favorecer la aprobación.
Como siempre, dos temas generan desacuerdos. El primero se vincula al pase a planta permanente de contratados, para lo cual el Ejecutivo pide la creación de 100 nuevos cargos. Los seis concejales de la oposición no autorizarán esa cantidad si es que Castellano no explica cuáles son las necesidades. Como Mondino ya no dará sorpresas como con la Tributaria, entonces la cantidad de cargos nuevos dependerá de Juntos por el Cambio y el PDP-
El segundo tema que suele provocar controversia es la libre disponibilidad de partidas. Es decir, cuando se trata de montos menores el Ejecutivo puede ordenar movilidad de partidas, pero cuando las sumas son mayores debe pedir autorización al cuerpo legislativo.
Los secretarios dejaron la reunión del pasado miércoles prometiendo enviar mayor información al Concejo entre este lunes y mañana. Pero no será condicionante para que el proyecto reciba despacho y se trate en la última sesión legislativa del año, el jueves, que a su vez será el último día laborable para el sector público municipal considerando que el viernes 30 habrá asueto para el personal en todos los niveles del Estado.
Y en el caso del Concejo, iniciará ese mismo jueves el receso de verano por el cual no habrá sesiones ordinarias sino hasta el primer jueves de marzo. Eso no implica que pueda llevarse a cabo una extraordinaria por algún tema imprevisto.
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