Por REDACCION
La Policía de Santa Fe podrá, desde el próximo fin de semana, comenzar a retener motos en Rafaela a partir de lo que establece el Decreto Provincial N° 460 firmado por el gobernador, Omar Perotti en marzo del 2022, y un posterior convenio entre la Municipalidad local y el Ministerio de Seguridad del Gobierno provincial, tal como informó este Diario en su edición de ayer. Además, se consignó que ese convenio había sido rubricado el 24 de junio del año pasado por el intendente, Luis Castellano, y el por entonces ministro de Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, quien permaneció en el cargo hasta agosto pasado.
En su tramo central, el Decreto 460/22 establece que, cuando la autoridad policial disponga la retención preventiva de una moto, se labrará el acta de retención correspondiente y el rodado será remitido al depósito municipal. En tanto, los municipios se comprometen a habilitar la recepción de los motovehículos durante las 24 horas, todos los días del año.
Lo que advirtió LA OPINIÓN también es la llamativa demora en la implementación del convenio, pues pasaron casi 9 meses desde la firma del mismo en junio del año pasado y recién se pondrá en marcha el 22 de abril de este año, mientras la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los rafaelinos. La lectura lineal es que se perdieron nueve meses para la aplicación de una medida orientada a la prevención de delitos.
El anuncio de que la Policía está facultada para retener motos durante los operativos o patrullajes en los barrios se efectuó el martes tras una nueva reunión del Comando Unificado. Desde el Municipio se comunicaron ayer con este Diario para aclarar que la Policía podrá realizar la retención de motos a partir de un nuevo convenio que debieron firmar el Municipio y el Ministerio de Seguridad de la Provincia el último 29 de marzo, es decir hace apenas tres semanas.
"No sabemos qué pasó con el anterior convenio firmado en junio del año pasado. No apareció nunca. Lo pedimos al Ministerio de Seguridad pero no lo encontraban, quizás por el cambio de ministro", especuló una fuente del Municipio al tratar de explicar porqué el retraso en la instrumentación de esta medida que, por caso, Rosario puso en marcha en junio del año pasado, apenas un mes después de firmar el convenio.
El 24 de junio habían firmado el convenio Castellano y Lagna durante un encuentro al que asistieron funcionarios de primera línea del Municipio y de la cartera de seguridad. La pregunta es por qué el gobierno local no se quedó con una copia de ese acuerdo. Y por qué el Ministerio no tenía registro de ese documento oficial al punto de tener que repetir el procedimiento nueve meses después, aunque esta vez con Claudio Brilloni como ministro de Seguridad. Y en este caso los colores políticos de los gobiernos de la ciudad y de la Provincia son los mismos.
Ante una problemática como la inseguridad que agobia a los santafesinos y en este caso a los rafaelinos, con este error no forzado -se perdió un convenio en los pasillos de la burocracia- se entiende semejante nivel de la crisis de seguridad. Y la aclaración pretendida no hizo más que oscurecer y abrir nuevos interrogantes.
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