Amsafe, el gremio de la docencia pública, anunció un paro y movilización provincial para el próximo jueves 5 de septiembre, día en que la norma propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para la reforma jubilatoria será tratada en el Senado. De recibir media sanción, pasará a la Cámara de Diputados. El sector de la docencia ya había expresado su rechazo al proyecto porque modifica el sistema opcional docente. Indudablemente, el cese de actividades se hará en el marco del rechazo a la reforma previsional que pretende implementar el gobierno provincial.
Si bien aún se está evaluando si será concentración o marcha, la movida tendrá como lugar de protesta la Legislatura de la provincia. Además, desde el sindicato explicaron que no se requiere de votación de la docencia porque, por resolución de la última asamblea provincial, se habilitó a tomar acciones a la comisión directiva ante la intención de reforma del sistema previsional.
"La reforma atenta contra los derechos de los trabajadores, tanto activos como pasivos", señaló el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso. "Implica que los activos tengamos que aportar más a la Caja de Jubilaciones, pero también que se eleve la edad para jubilarse. Para los pasivos implica que los aumentos salariales se van a percibir a los 60 días y también significa seguir aportando". Además, remarcó: "Si elevan la edad jubilatoria a nivel nacional, se le va a dar la facultad al gobierno provincial para modificar automáticamente la edad jubilatoria sin pasar por la Legislatura. La reforma previsional es menos derechos para los trabajadores y por eso vamos a hacer un paro de actividades a lo largo y ancho de la provincia".
LA REFORMA PREVISIONAL EN SANTA FE
El objetivo del gobierno provincial es generar un sistema sustentable y revertir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Para el gobernador Pullaro, ese 30% de Rentas Generales de la provincia que se destina a sostener la Caja, es dinero que “debería estar en otro lado” como por ejemplo en obras de rutas, puentes, gasoductos, patrulleros para aumentar la seguridad, etc.
El proyecto oficial ingresó la semana pasada al Senado provincial con una declaración de emergencia inmediata, medidas para la futura transición y cambios en regímenes especiales, entre otros puntos. Y será debatido a partir de este jueves.
“Achatar la curva ascendente del déficit y hacer sustentable la Caja de Jubilaciones”, resumieron en los pasillos de la Gobernación sobre el objetivo del mensaje Nº 5.115 (56 artículos y 49 páginas), redactado en tiempo de descuento.
El mensaje lleva la firmas del mandatario provincial y del ministro de Gobierno, Fabián Bastía, y declara la emergencia previsional por dos años, aunque prorrogable por otros dos a manos del Ejecutivo (instancia que podría extender la medida a lo largo de toda la gestión de Unidos).
Entre los cambios clave resaltan los recortes de haberes máximos y la suba de los porcentajes de aportes y de los años para poder jubilarse, ambas iniciativas a aplicar de modo progresivo.
En ese marco, se fijará un esquema progresivo de aportes, de modo que tributen más al sistema previsional los activos que perciban mayores sueldos. Actualmente, la mayoría aporta 14,5 por ciento a la Caja de Jubilaciones, sea empleado inicial o cobre un salario alto. Según la propuesta oficial, los aportes arrancarán del 15,5 %, para crecer proporcionalmente hasta el 21.
Paralelamente, establece la figura del “Pilar Complementario” para el haber previsional inicial, que seguirá siendo de 82 por ciento para las categorías más bajas y se reducirá 70% o más en las superiores. Se busca aplicar una escala diferenciada de aportes para que los que reciben mayores ingresos financien, también de un modo superior, a un sistema previsional en rojo.
EDAD JUBILATORIA
Respecto de la edad jubilatoria, la propuesta oficial no contempla cambios inmediatos: las mujeres seguirán haciéndolo a los 60 años, mientras que los hombres a los 65. Sí se eliminarán regímenes que hoy permiten compensar la edad por mayor cantidad de aportes. O aquellos que permitían sumar años de contribuciones a la Anses mediante moratorias, para luego jubilarse en la Caja provincial.
Acerca de las edades jubilatorias, también está la posibilidad de que el gobernador de turno las adapte -vía decreto- si se registran cambios en el sistema previsional nacional. Pero el sector que sufrirá modificaciones en la edad jubilatoria es el docente, mediante un esquema progresivo. El proyecto estipula que se incrementará a razón de seis meses por año a partir de la vigencia de la nueva ley.
SOBRE LA CAJA DE JUBILACIONES DE SANTA FE
La Caja de Jubilaciones de Santa Fe es un ente de seguridad social que cubre la imposibilidad de trabajar ante tres situaciones: la vejez, la invalidez o el fallecimiento. O sea, debe proveer a todas los empleados del Estado provincial un monto de dinero que les permita vivir dignamente cuando no puedan trabajar.
La discusión que actualmente se da en la provincia nace del planteo -principalmente del Ejecutivo- de la necesidad de reorganizar la estructura de la Caja para evitar que siga acumulando déficit, es decir, gastos mayores a los ingresos. Ese déficit se acentúa y engrosa mes a mes en parte por la deuda que tiene Anses (Nación) con el gobierno provincial y por la falta de “sostenibilidad” del sistema mismo, según señalan desde el gobierno santafesino.
La Caja de Jubilaciones de Santa Fe está compuesta por unos 103.000 beneficiarios de diferentes sectores y subsectores: personal docente, administración central, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, Registro Civil, Vialidad, Personal de Salud, Gráficos, Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, ASSA, EPE, Bancarios, seguridad, trabajadores de municipalidades y comunas sin cajas propias que están adheridas a la provincial, entre otros.
Casi un 39% de los beneficiarios corresponden al sector docente y un 23% a la administración central. Luego sigue el sector de seguridad con un 16% del total de beneficiarios de la Caja y los trabajadores de municipios y comunas, EPE, Arte de Curar y Poder Legislativo.
En relación a la cantidad de dinero que se le destina a cada uno, el que más recibe es el sector docente con casi el 37%, le siguen la administración central con aproximadamente el 17% y Seguridad con un 12,5%. Pero en cuarto lugar, los miembros del Poder Judicial reciben el 11,3% del dinero de la caja. Luego vienen los trabajadores de la EPE (5,9%), los de municipios y comunas (5,2%), los legislativos (2,9%) y el resto.
En abril, la jubilación mínima era de $325.052 y la máxima de $9.443.822. En promedio la jubilación de un empleado de la administración central fue de $638.856, de un docente de $850.730 y de un empleado del Poder Judicial de $3.650.505. Todos los empleados y empleadas del Estado que están en ejercicio aportan el 14,5% de su sueldo, sin importar el monto del mismo.
Idealmente, la Caja de Jubilaciones debería sostenerse con los aportes de Anses (que desde el 10 de diciembre Nación dejó de mandar) y de los trabajadores activos. Sin embargo, el gobierno santafesino destina cerca del 30% de las Rentas Generales para financiar la Caja.
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