Por REDACCION
El Observatorio de Víctimas de Ciberdelitos de la Universidad Austral advirtió que en el último año esta modalidad delictiva creció un 300 por ciento. El 28% de la población ha sido afectada alguna vez por el ciberdelito. Actualmente, el 5 por ciento de la totalidad de los delitos denunciados se relacionan a ciberestafas o similares. En la Provincia de Santa Fe, se registran en promedio 500 denuncias al mes de clientes del Banco de Santa Fe que sufrieron un hecho de inseguridad que afectó sus depósitos. Todos los datos fueron planteados ayer por el diputado provincial, Oscar Martínez, durante una conferencia de prensa que ofreció en el Colegio de Abogados de Rafaela, poco antes de encabezar la quinta Audiencia Pública convocada para discutir un marco legal en materia de Ciberdelitos en la provincia.
El punto de partida para las cinco audiencias que se llevaron a cabo en los últimos dos meses en distintas ciudades, y en las que participaron más de 250 disertantes, fueron dos proyectos presentados por el propio Martínez para modernizar la legislación.
"Lo que hay es una situación grave denunciada por las víctimas, un incremento del ciberdelito en el último año según el Observatorio de Víctimas de Ciberdelitos de la Universidad Austral de un 300 por ciento. Ante este escenario, urge la necesidad de que el Estado actualice los mecanismos de protección y de mitigación de los efectos de este tipo de delitos y la necesidad de construir herramientas para la investigación y la sanción de los ciberdelincuentes", explicó Martínez en el Auditorio del Colegio de Abogados, donde se desarrolló la audiencia con modalidad mixta, presencial y virtual. "Quiero agradecer la disposición del Colegio de Abogados de Rafaela en la figura de su presidenta, Dra. Mabel Eusebio, para que el Observatorio de Víctimas pueda desarrollar una de sus audiencias en el ámbito de esta casa", dijo el legislador.
A la sede de la entidad de calle Buenos Aires y Alvear llegaron el juez Federal, Marcelo Bailaque, el fiscal Regional, Diego Vigo, la Defensora Regional, Estrella Moreno, el representante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Hernán Camusso y la propia Eusebio. Virtualmente, se sumaron el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Joaquín Blanco, quien respalda las iniciativas. También participaron el abogado local, Rodolfo Zehnder, el decano de la UTN Facultad Regional Rafaela, Oscar David y los fiscales Guillermo Loyola y Martín Castellano, representantes del Banco de Santa Fe, víctimas de ciberdelitos, especialistas en ciberseguridad y funcionarios del Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom).
"Los proyectos presentados en la Cámara de Diputados, que esperamos tratar y aprobar antes de la finalización del período de sesiones ordinarias -a fines de noviembre- proponen en primer lugar la creación de una Agencia de Ciberseguridad no solamente para informar a la ciudadanía y alertar sobre nuevas modalidades delictivas sino también para prevenir los ciberataques, que son el paso previo de los ciberdelitos", indicó Martínez. "Charlamos con la Dra. Eusebio que han sido afectadas la justicia de Chaco y de Córdoba. Por eso los activos informáticos del Estado deben ser resguardados y protegidos para que servicios esenciales no sean afectados", agregó.
"En materia investigativa, buscamos crear fiscalías especializadas que cuenten con los recursos humanos y tecnológicos para hacer su tarea. Nos decía el juez Federal de Reconquista que para efectuar la pericia de un celular tiene que esperar tres meses y medio. Esto no puede suceder. Por eso planteamos la creación de organismos especializados con recursos específicos", sostuvo el legislador.
En relación a las modalidades frecuentes, subrayó que "las estafas vinculadas al sistema bancario y en la Provincia de Santa Fe, a los usuarios del Banco de Santa Fe, entidad a la que hemos invitado a ser parte de este proceso". En tal sentido, señaló que "500 denuncias por mes se realizan en la Provincia vinculadas al Banco, que por ser el agente financiero del Estado es necesario que el Gobierno le preste especial atención, afortunadamente el Banco ha participado en las audiencias".
Asimismo, planteó que "hay jueces que han empezado a otorgar cautelares, mientras se investiga la autoría de un ciberdelito, las personas afectadas puedan recuperar sus depósitos mientras que en otras provincias han condenado a los bancos, porque el principal deber de una entidad financiera es la custodia de los depósitos". "¿Por qué pedimos que participe de estas audiencias el Banco de Santa Fe? Porque nuclea obligatoriamente a todos los empleados públicos santafesinos, docentes, médicos, enfermeras, municipales, policías entre otros y a los comercios adheridos a Billetera Santa Fe. Y porque hay 500 denuncias que lo involucran", precisó Martínez.
"Otros de los temas a abordar son modalidades delictivas que hoy no están contempladas por Código Penal de la Nación, como lo es la difusión de imágenes y audios no consentidos, el ciberacoso, la sustitución de identidad en las redes sociales, que pueden generar un daño moral en los damnificados. Y el ingreso de dispositivos electrónicos a los servicios penitenciarios. El que intenta entrar un teléfono celular a una prisión no tiene sanción", amplió el legislador.
Martínez enfatizó que "desde el Observatorio queremos escuchar a las víctimas, que son especialistas porque han padecido las circunstancias, y sobre todo han sufrido los vacíos que existen en el marco legal". Y luego graficó que "en Santa Fe el ciberdelito anda en Ferrari y los investigadores en Fiat 600, por eso hay que construir nuevas capacidades en el Estado para combatir este tipo de delitos".
"Hay una creencia que las víctimas predilectas son de la tercera edad, pero la situación es transversal. El 28% de la población ha sido afectada alguna vez por el ciberdelito. Muchas veces las víctimas no denuncian, lo que no ayuda a abordar la problemática. En algunos casos, a veces ni siquiera se enteran. Es un tema que no está en la agenda política pero sí ciudadana. Este problema ha llegado para quedarse teniendo en cuenta que en la Argentina hay 54 millones de celulares", expresó Martínez.
Si bien no se ha cuantificado el monto de las ciberestafas, el diputado santafesino estimó que "las pérdidas son millonarias para los bancos y los usuarios". "A Norma Morelli, docente, usuaria del Banco Santa Fe, la estafaron en 2 millones de pesos. Porque las aplicaciones no solo permiten acceder a los depósitos sino también gestionar adelantos de salarios y la obtención de préstamos. Si hay 500 denuncias por mes, son 6.000 al año. Los montos de las estafas van de 300 mil pesos a 2 millones... por eso es un tema que debemos abordar con seriedad y con urgencia".
Finalmente, Martínez consideró que "el Estado debe asumir un mayor protagonismo en un plan de educación digital. La ciudadanía ha sido conminada a la autogestión de trámites bancarios. Nadie le consultó a los abuelos si querían cobrar o no por cajeros automáticos. Hay que atender este problema".
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