Por REDACCION
En el plano institucional:
• Jefe de Policía elegido por la Legislatura: cuando los ciudadanos y las ciudadanas emitan su voto decidirán, a través de sus representantes, qué tipo de política de seguridad quieren que se lleve a cabo.
• Eliminación de fueros parlamentarios: todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia serán iguales ante la ley y nadie podrá ampararse en fueros de ningún tipo frente a cualquier proceso judicial.
• Juicio por jurados: la inclusión de este procedimiento apunta a democratizar el Poder Judicial, haciéndolo más transparente a través de la participación a la ciudadanía.
• Colegio de la Magistratura con rango constitucional: el proceso para la selección de jueces será transparente, permitiendo la elección de jueces independientes y un mejor control de los otros poderes del Estado.
• Empresas de agua y energía en la órbita del Estado: el objetivo es que no puedan ser privatizadas ni vaciadas, como sucedió en los años 90 con el Banco Provincial de Santa Fe, y que acompañen al desarrollo de la provincia.
• Caja de Jubilaciones y Pensiones en manos de la provincia: también en este caso se busca impedir cualquier intento de privatización del organismo previsional o su traslado a la Nación.
• Acceso a la información pública: otorgar rango constitucional a este derecho permitirá conocer el destino de los recursos del Estado. Asimismo, los funcionarios públicos tendrán la obligación de presentar declaraciones juradas de sus patrimonios antes de asumir, mientras desempeñan funciones y cuando terminan.
• Ampliación del período de sesiones ordinarias: de acuerdo a la Constitución de 1962, se desarrolla entre mayo y noviembre; se propone extenderlo de marzo a diciembre.
• Introducción del ballotage: esta figura permite que en elecciones parejas el sistema brinde una mayor legitimidad a quien finalmente es consagrado en las urnas.
• Instauración del sistema d'Hont en la Cámara de Diputadas y Diputados: permite el reparto proporcional de las bancas en lugar del sistema actual, que divide los 50 cargos en 28 para la mayoría y 22 para la primera minoría.
Modificaciones en materia electoral:
• Tribunal Electoral independiente: hoy depende de los poderes Ejecutivo y Judicial. Para que las cuestiones electorales sean más transparentes, se propone un tribunal que esté compuesto por jueces especialistas que sean electos mediante concurso.
• Paridad de género en todas las listas de candidatos y candidatas a cargos electivos.
• Autonomía de los municipios: consagrar esta figura en la Constitución permitirá que las ciudades puedan desplegar todo su potencial, definir el número de concejales, administrar más eficientemente sus recursos, posibilitar representantes por barrio o distrito, crear la policía municipal, etc.
• Mandatos comunales: los cargos electivos se extenderán de 2 a 4 años.
Nuevos derechos ciudadanos:
• Herramientas de participación ciudadana: se propone incluir figuras como la iniciativa y la consulta popular, la audiencia público, entre otras.
• Ampliación de derechos: la preservación del medioambiente, las políticas en favor de las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales y los derechos humanos tendrán jerarquía constitucional, lo que obliga al Estado a su reconocimiento y al trabajo para generar mayores niveles de justicia social.
• Voto a los 16 años: los jóvenes podrán elegir concejales, intendentes o presidentes comunales, tal como ya votan presidente, parlamentarios del Mercosur, diputados y senadores nacionales.
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