Por REDACCION
En marzo pasado, con la presencia del Gobernador Omar Perotti, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez, el Intendente Luis Castellano y el titular del Cuerpo legislativo local, Germán Bottero, entre otras autoridades, se firmó en nuestra ciudad un acuerdo marco para que la ciudad le done a la Provincia el Predio de la Flor, a cambio de que el Estado santafesino construya los nuevos edificios de Tribunales, del Concejo municipal y dependencias administrativas municipales.
El convenio quedó reflejado en un Decreto del Departamento Ejecutivo que luego fue enviado al Concejo para ser ratificado por los ediles, junto con la Ordenanza en la que se establecen las condiciones en las que se producirá la cesión del Predio, las obligaciones de la Provincia, cuyo incumplimiento determinar la devolución del terreno.
En la norma se determina que los trabajos deberán estar concluidos en 10 años y que el espacio no podrá tener otro destino que el fijado por el convenio.
Inmediatamente la oposición formuló objeciones tales como la porción del terreno que se reservaba para la ciudad; si era razonable lo que Rafaela iba a recibir a cambio de desprenderse del predio con mayor valuación inmobiliaria; y cuáles eran las garantía de que los edificios del Concejo y las oficinas municipales se iban a construir efectivamente.
Con el paso de los meses, fueron apareciendo más interrogantes e inquietudes, mientras desde el Ejecutivo y la bancada oficialista se trataba de ir satisfaciendo los requerimientos, pero la premura del Gobierno por sancionar una Ordenanza siempre terminó chocando con los pedidos opositores de mayor información y precisiones para achicar el riesgo y asegurar los intereses de la ciudad.
FUERTE LOBBY
El temor de la oposición, aunque no lo digan públicamente, es que lo prometido para Rafaela no llegue, debido a que la gestión de Omar Perotti en la Casa Gris concluirá dentro de poco más de un año y no se tiene certeza alguna de cuales serán las intenciones y el compromiso que tendrán las futuras autoridades con la construcción del Concejo municipal y las dependencias municipales, aunque no caben dudas que sí habrá un respaldo para llevar adelante o continuar con el edificio de Tribunales.
Tampoco escapa a los opositores que el próximo año es electoral y mostrar obras es una de las estrategias de los oficialismos, pero muchas veces pasa que finalizados los comicios, por más buenas intenciones que haya, más aún si se producen cambios de signo partidarios o traspasos de poder dentro de una misma fuerza lo prometido cae en saco roto.
Si bien todos en la oposición comparten estos resquemores, algunos de sus integrantes se muestran propensos a avanzar con la cesión incluyendo en la Ordenanza condiciones y exigencias para que, en caso de incumplimiento de las obras prometidas a la ciudad, el preciado terreno vuelva a manos del Estado municipal.
Más allá de la intrincada situación, es muy factible que el traspaso del dominio a la Provincia termine siendo aprobada, no solo por la tenaz insistencia del oficialismo legislativo y el Departamento Ejecutivo sino también por el firme pedido que llega al sexto piso del Palacio municipal directamente desde el ámbito judicial para que se aceleren los tiempos con la norma que habilitará la donación del Predio de la Flor.
Tan es así que, un par de semanas atrás hubo llamados que encumbrados magistrados del fuero penal local realizaron a la Presidencia del Cuerpo legislativo.
A su vez en estos días, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe se sumó al pedido de cesión del Predio mediante un comunicado de prensa, cuyos términos no cayeron nada bien en la oposición
Tras señalar que “en honra a nuestra responsabilidad institucional, seguimos con atención todos los pasos relacionados con la evolución de la iniciativa, inclusive los correlativos debates suscitados en el Concejo Municipal de Rafaela”, sostienen que confían que “un tratamiento criterioso del proyecto en pos del bien común ciudadano, sólo podría tener como resultado el pronto visto bueno al mismo”.
Otra cuestión a considerar es que la posición de extrema cautela de las bancadas de Juntos por el Cambio y el PDP, les termine jugando en contra si el proyecto no prospera y deban asumir el costo por la no realización de obras muy importantes y de real envergadura para la ciudad.
De todas maneras, la sensación es que la Corte Suprema de Justicia quiere ese terreno y será muy difícil decirle que no.
QUEDARON
DUDAS
Quien abrió el encuentro con Diego Martino, fue Germán Bottero, y en su doble rol de opositor y Presidente del Concejo, sintetizó las inquietudes de los no oficialistas
“Queremos algunas certezas más para avanzar con la donación y lo primero que es seguridad de que sea una obra conjunta y que los tres edificios avancen en su construcción en simultáneo. En definitiva, que sea una única obra, porque, en realidad, es toda plata de la Provincia”, señaló.
A su vez, manifestó el apoyo de los bloques opositores a la propuesta del Concejal Juan Senn (en base a datos que le suministró el propio Martino) “para incluir en la Ordenanza que se reserve una superficie cubierta de, como mínimo, de 1.000 m2 para el Concejo, y de 2.500 m2 cubiertos para el Municipio”
Asimismo, el radical pidió que previo a la aprobación de la norma se cuente “prioritariamente con un estudio de impacto vial y, de ser necesario el ambiental”.
“La otra cuestión que surge -precisó Bottero- es tener una idea bosquejada, no un proyecto definitivo porque sabemos que lleva tiempo de cómo van a quedar los diseños de los tres edificios. Si son construcciones que se van a complementar, si van a tener la misma altura o son totalmente distintas”.
A su turno, Martino se esforzó por brindar respuestas satisfactorias a la oposición para encontrar una salida a la situación, pero algunos planteos escapan a su esfera de acción y posibilidad de resolución y no lograron su cometido.
El funcionario tranquilizó respecto de las posibilidades constructivas al revelar que el predio se encuentra enclavado en un sector “que no plantea grandes límites porque se puede construir a mucha altura''. También el factor de ocupación del suelo es alto entonces lo que facilita más las cosas”.
Con relación al tránsito señaló que “se debe tener en cuenta que en un futuro cercano va a cambiar porque el pesado que pasa por ruta 34 va a desviarse a la Variante. De todas maneras hay que estudiarlo para saber cuántas unidades circularán para conocer la necesidad de estacionamiento, pero en esto también hay que considerar al espacio público como receptor”.
“Previo al estudio ambiental se debe solicitar a la Provincia la categorización de la zona, pero va a dar bien, sin problemas, y es un hecho que no habrá necesidad de un análisis de impacto ambiental".
Sobre la posibilidad de contar con los proyectos de los tres edificios antes de aprobar la Ordenanza de cesión del predio, Martino indicó que “a esta altura no se puede definir cómo van a ser los edificios lo que podemos hacer es definir algunas cuestiones básicas”.
Cuando le consultaron si tenía información acerca de que las licitaciones se harían todas juntas o si estaban comprometidos recursos de la Provincia para las obras del Concejo y dependencias municipales, no tuvo elementos para brindar una contestación acorde
EL TEXTO
SUPERADOR
La clave para destrabar el intrincado proyecto está en el artículo 4to de la Ordenanza, y la redacción convenida, y que puede ser la llave para avanzar, planteará que: la licitación se haga por la totalidad de la obra; designación de un/una profesional por parte del Concejo municipal que representará los intereses del mismo en su diseño y distribución, el Concejo municipal deberá contar con una superficie cubierta de, al menos, 1.000 m2; las dependencias municipales deberán tener una superficie cubierta de, al menos, 2.500 m2; el resto de la superficie a construir deberá considerar, además, espacios de estacionamiento conforme a lo establecido en el Código Urbano, y un estudio del tránsito y la categorización de la obra, para ver si es necesario un estudio de impacto ambiental
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