En una sesión que fue presidida por el presidente Provisional y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto de Ley que tiene por objeto facultar a los municipios y comunas santafesinos a que en forma excepcional para el año 2024, puedan afectar hasta el 50 por ciento de los ingresos provenientes del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados, creado por la ley 12.385, para ser aplicado a gastos corrientes.
La iniciativa, que contó con el respaldo de los 19 senadores, ya es un clásico en la Legislatura santafesina. Ahora quedará que Diputados vaya en la misma dirección y sancione la ley, lo cual se descarta.
Por otra parte, dentro de las Preferencias, también obtuvieron media sanción un proyecto de Ley presentado por Rubén Pirola (Las Colonias) por el cual se modifican los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 12.256 - Abigeato, Programa de Coordinación y Seguridad Rural; y un proyecto de Ley impulsado por Armando Traferri (San Lorenzo) por el cual se modifican los límites jurisdiccionales de los distritos Puerto General San Martín y Aldao, departamento San Lorenzo.
Además, obtuvo media sanción un proyecto de Ley impulsado por Traferri que fue tratado sobre tablas, para que la Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina, que realizan los alumnos de 4º grado de nivel primario de los distintos establecimientos escolares de la Provincia, sea tomada a partir del 2025 por un veterano de la Guerra de Malvinas, o por un grupo de ellos.
Por otra parte, ingresó una petición particular presentada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales solicitando integrar la Comisión para la Reforma del Sistema Previsional - Ley 14.268. El Expediente con N° 51.197 fue derivado a la Comisión de Legislación del Trabajo.
EMERGENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
Por otra parte, la Cámara de Diputados sancionó la ley que declara hasta el 31 de diciembre de este año “en estado de emergencia a la prestación del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento por parte de Aguas Santafesinas S.A. en el ámbito de la provincia de Santa Fe”.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo de la Provincia, se fundamenta en la necesidad de “atender en forma urgente la grave situación deficitaria que atraviesa Aguas Santafesinas S.A. de modo de propender a la preservación de la sostenibilidad ambiental, social y económico-financiera de la prestación del servicio, asegurando su continuidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad”.
Asimismo, se consigna que la emergencia la puede prorrogar el Poder Ejecutivo a través de un decreto por un año más, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025.
Tras un intenso debate entre oficialismo y oposición, la votación mostró 28 votos a favor por parte del bloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, 18 en contra (PJ, Somos Vida, Frente Amplio por la Soberanía) y una abstención por parte del diputado rafaelino, Juan Argañaraz (Inspirar).
La ley establece que durante el período de emergencia el Poder Ejecutivo “podrá elaborar las definiciones específicas, fijar los valores, precios, cargos y componentes tarifarios en las distintas modalidades del servicio y categorías de usuarios, el régimen de subsidios, la aplicación de nuevas alternativas que tiendan a la cobertura de los costos de explotación y toda otra distinción o categorización que se considere justa, razonable y oportuna”.
Durante el debate, Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) dijo que quedaba claro que el gobierno provincial se llevaba una derrota porque “nadie quería acompañar el proyecto” que delega facultades en el Poder Ejecutivo. Además, recordó que el acceso al agua es un derecho universal, entonces “¿como se cuenta entonces el déficit? se preguntó el legislador, según cuenta el portal mginformación.com.ar .
El diputado radical Dionisio Scarpín (Unidos) sostuvo que “hay que asumir costos políticos hoy para garantizar sanear a la empresa Aguas Santafesinas y revertir su actualidad”.
En tanto, los diputados peronistas Marcos Corach y Lucila Deponti ofrecieron los argumentos para oponerse a la iniciativa. En el primer caso, mencionó que el gobierno empieza a utilizar sus mayorías para imponer leyes y consideró que la emergencia es “apresurada e inconsulta” e impone por ejemplo un aumento de 3958 % del agua en bloque. "La declaración de emergencia sólo habla de tarifas y de incautar la coparticipación de municipios para pagar el agua", expresó el rafaelino Corach.
La norma también señala que antes de la finalización de la emergencia “el Poder Ejecutivo deberá elaborar una propuesta de nuevo marco regulatorio del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento que deberá ser elevado a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe para su tratamiento”.
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