Por REDACCION
A mediados del pasado mes de abril, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) envió al Concejo un proyecto de Ordenanza para normar el uso de los denominados monopatines (VMP) en la ciudad y en primer lugar disponía la inclusión en el Código Municipal de Tránsito de Rafaela, este tipo de vehículos y los define como aquellos “de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima de 25 km/h y una potencia (nominal continua) máxima de quinientos (500) Watts. Sólo pueden estar equipados con un asiento si están dotados de sistema de autobalance. Se exceptúan de esta definición las bicicletas y bicicletas con pedaleo asistido, los vehículos para personas con movilidad reducida”.
Además, se establece que se “considera Usuario de VMP, a toda persona que utilice el vehículo en ocasión de su circulación y por ende, responsable del mismo” a los efectos civiles y comerciales y penales.
Tras exponer los requisitos técnicos y de seguridad con los que deberán contar para su circulación los “monopatines” por la vía pública se detalla que los usuarios serán pasibles de las disposiciones indicadas en el "Código de Tránsito", que su “velocidad máxima será de 25 Km/h y que la edad mínima para conducir VMP es de 18 años”.
Entre los considerandos de la iniciativa se señala que “dentro de la variedad existente de vehículos propulsados por motores eléctricos, los monopatines han sabido ganar mucha visibilidad en los últimos años” y que “el problema más grande al que se enfrenta este particular vehículo es la falta de regulación de su uso, algo lógico si nos ponemos a pensar en la rapidez con que se incorporaron a las ciudades".
Por la complejidad del tema, los ediles rafaelinos decidieron, antes de despachar el proyecto para aprobarse en sesión iniciar una ronda de consultas con las áreas técnicas del Municipio vinculadas al tema y a otros actores, como ONGs y empresas de seguros, para conocer su postura y, en caso de ser prudente, efectuar modificaciones al proyecto inicial.
La primera visita al Cuerpo fue la del grupo “Rafaela en Bici”, y hubo un planteo en contrario al establecimiento de un marco legal para el uso de VMP en la ciudad. Desde la óptica de Guillermo Yachelini y Jorge Daczyk lo que debe hacerse para cuidar la vida en las calles es limitar los espacios que ocupan los automóviles y limitar fuertemente su velocidad y no limitar la utilización de los monopatines.
“Una cuestión que nos llamó la atención es por qué la Ley Nacional de Tránsito determina que pueden conducir monopatines quienes tengan 18 años o más y en la Ordenanza se establece que sea desde los 16. También la norma nacional marca que la máxima velocidad es de 30 km/h y acá se baja a los 25 km/h y tampoco se encuentra fundamento para esto”, expresaron.
Y no tuvieron pelos en la lengua para manifestar: “sabemos que la Ordenanza se va a aprobar, y no se va a cumplir, pero venimos igual a aportar nuestra mirada. Está claro que la mayoría de los puntos no se van a respetar y quedarán a pleno criterio del usuario porque muchas cosas que se plantean son de contenido criterioso a esta norma le vemos poco y nada”, disparó Yachelini .
Más allá de esta reunión, no se conocieron otros encuentros con especialistas o interesados y se espera que antes de fin de año, se retome el debate del proyecto.
SITUACIÓN
IRREGULAR 1
Los primeros días de junio último, el bloque Juntos por el Cambio planteó que la licitación y adjudicación de los terrenos cultivables del predio del Aeródromo a un productor agrícola podría no tener validez legal porque el Municipio, desde tiempo atrás, no goza de la cesión de uso de ese lugar.
La duda fue disparada por una nota que ambientalistas de la ciudad ingresaron al Cuerpo legislativo para que se corte ese “contrato” y se evite la aplicación de agrotóxicos.
“Vecinos y vecinas autoconvocados y agrupaciones ambientalistas, sociales y culturales, que conforman el espacio ‘Rafaela sin venenos y por la agroecología’ nos dirigimos a las y los concejales para manifestar nuestra enorme preocupación acerca de la intención de continuar con la explotación de 100 hectáreas de soja y otros cultivos comerciales con uso de agrotóxicos en el aeródromo local. Esto implica la aplicación de venenos a 200 metros de las casas y a 700 metros de la planta potabilizadora que abastece a toda la ciudad”.
En la misiva, le reclaman al intendente Luis Castellano y al Concejo Municipal que “suspendan la licitación pública de la explotación agro-comercial del predio aludido”.
Vale recordar que la misiva lleva por fecha la del 26 de mayo pasado, un día antes que se efectúe el llamado a licitación pública (Decreto N° 53182) que fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de abril pasado, “para la Explotación Agro Comercial y Servicio de desmalezado, limpieza y mantenimiento de Terrenos del Aeródromo Rafaela”. Más adelante determina que “el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ocho millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos ($8.368.500)”, que “las ofertas deberán presentarse en la Dirección de Compras de esta Municipalidad de Rafaela”, en sobre cerrado y “serán abiertas en dependencias de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, el día 27 de mayo”.
Vale mencionar que no se conoce si la explotación fue nuevamente otorgada a quien la venía efectuando o se adjudicó a otro oferente porque nada se ha publicado aún en el Boletín Oficial.
En el marco de una reunión de Comisión, el edil radical Leonardo Viotti apuntó que “existe una situación de irregularidad porque no está vigente el convenio entre la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Municipio. Eso se cayó, se terminaron los años en los que estaba cedido. En función de ello, es relativa la validez de lo que esté firmado porque hace unos meses que el Municipio no tiene más posesión de esos terrenos y si se revisa desde lo legal es discutible. También sé que se están haciendo gestiones para que se regularice porque ya no pertenece más a la ANAC y ahora está bajo la órbita del ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado). Lo estamos averiguando porque podríamos estar en presencia de una concesión, o el formato en el que se haya concretado, hecha por el Municipio en terrenos que no le pertenecen porque ha vencido el contrato”.
A más de un mes del surgimiento de esta situación no se conoce que desde el DEM se hayan brindado una información aclaratoria al respecto, como tampoco qué pudo conocer la oposición en la investigación que encaró para saber si la licitación no tuvo respaldo legal, con las consecuencias que ello puede acarrear al Estado municipal.
SITUACIÓN
IRREGULAR 2
Sobre el final de mayo pasado, la polémica por el Jardín Juan Basso volvió a encenderse en el Concejo con un nuevo pedido de vecinos del barrio Amancay para que el establecimiento que funciona en un inmueble de propiedad municipal, pero es gestionado por una Asociación Civil, pase al Estado local, porque, sostienen, así fue acordada su creación, desde el Gobierno local niegan que ese haya sido el espíritu que le dio origen, aseguran que no existe una Ordenanza en tal sentido y descartan el traspaso por cuestiones presupuestarias.
Más allá de este entredicho, el dato llamativo es que tampoco existe una norma o documentación que autorice a la Asociación Civil Juan Basso a administrar el Jardín y el Concejo deberá tomar partido en el asunto apurando una solución a esta anormalidad legal, para que el Ejecutivo proponga una Ordenanza o será el propio Cuerpo el que la deberá producir y aprobar.
El inicio de este entuerto se remonta al año 1997 cuando se generó un proceso de consulta con los vecinos del barrio Amancay, porque la empresa Basso S.A. propuso al municipio la compra de la calle pública Francisco Peretti, entre la colectora de Luis Fanti y López y Planes. Los vecinos avalaron el proyecto y decidieron que con lo recaudado por la venta de la arteria se debía proceder a la construcción de una obra de bien público, y por consenso surgió la idea de construir un Jardín Maternal Infantil, que cubriera las necesidades de los barrios Amancay y Antártida Argentina.
Fue así que se constituyó la “Asociación Civil Juan Basso”.
En el mes de agosto de 2003 el Jardín comenzó a funcionar en el edificio de calle Blas Parera 1874, haciéndolo anteriormente en la sede vecinal del barrio.
La intención fue que su ingreso fuera de carácter gratuito, pero en la actualidad -denuncian los firmantes- la Asociación, que está conformada por el personal directivo y las docentes de Jardín, cobran una cuota mensual y se limita el ingreso de los niños y niñas del sector.
Ante esta situación, y aferrándose a esa idea inicial, los vecinos Sergio Aimo y Oscar Santi, ambos ligados a la comisión vecinal de aquel entonces, volvieron a poner el tema en la agenda legislativa con el ingreso de la nota aludida más arriba.
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