El pasado jueves 13 de junio, la diputada libertaria, Silvia Malfesi, presentó un proyecto con el objetivo de eliminar el sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias (SIRCREB).
Para fundamentar su postura, Malfesi declara que "resulta palmariamente violatorio de importantes garantías de raigambre constitucional dotar a la Administración Pública Provincial de la competencia de proceder a la extracción de montos depositados en cuentas bancarias por presuntas deudas tributarias en concepto de impuesto de Ingresos Brutos". "En efecto, de un somero análisis de esta competencia inconstitucional se deduce que la misma atenta contra la inviolabilidad de la propiedad privada (garantizada expresamente en la norma inserta en el Articulo 17 de la Constitución Nacional) y la garantía del debido procedimiento que incluye al derecho de defensa (garantizado en la norma inserta en el Artículo 18 de nuestra Constitución Nacional)".
En ese sentido, agrega que la "Administración Publica Provincial carece de titulo ejecutivo idóneo a los efectos de proceder en forma unilateral y por su sola voluntad, a extraer fondos depositados por particulares en bancos o entidades financieras. Dicha intromisión atenta contra la propiedad privada". "De existir una deuda tributaria, para proceder a su cobro, se requiere del dictado de un acto administrativo (que, como tal, cumpla con todos sus elementos esenciales previstos en los Artículos 7 y 8 de la Ley Nacional 19549), el cual goza de la llamada ejecutoridad impropia: esto es, a los efectos de la materialización de su objeto -el pago- es imprescindible que la Administración Publica acuda al auxilio del Poder Judicial, órgano competente para, una vez verificada la legitimidad de la pretensión de cobro, disponer lo conducente a los efectos de su satisfacción".
También informa que otorgar una competencia "por la sola voluntad de la administración publica para efectuar detracciones en cuentas bancarias resulta atentatorio contra la garantía del debido procedimiento. El debido procedimiento deriva del debido proceso, cuya existencia se basa en la substanciación de una serie de etapas procedimentales siendo esencial el derecho a la defensa". "Mediante el SIRCREB se produce una violación automática al derecho de propiedad privada y al derecho de defensa. Nadie niega el poder tributario del Estado Provincial, pero el mismo debe siempre ejercerse dentro de los parámetros y límites impuestos por la Constitución Nacional".
Y finaliza subrayando que "el SIRCREB es un sistema recaudatorio perverso e inconstitucional, por lo que propugnamos su inmediata derogación. Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito que mis pares me acompañen aprobando este proyecto de ley".
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