Por REDACCION
Por Gabriela Albanesi
El gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura tres reformas al sistema procesal penal de la provincia. El primero que comienza a tratar la Cámara de Diputados introduce cambios estructurales al Ministerio Público de la Acusación. Los otros dos hacen lo propio en el Servicio Público de la Defensa Penal e introducen sensibles modificaciones a un sinnúmero de artículos del Código Procesal Penal.
Los casi 10 años que transcurrieron desde la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal casi que sirven como excusa para esa revisión. En especial la del MPA venía en agenda, pero se aceleró tras la última crisis en la jurisdicción de Rosario.
El gobierno de Pullaro propone modificaciones a la Ley N°13.013 -Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación- y modificatorias. Fundamentalmente, empodera la figura de la Fiscalía General, hoy a cargo de María Cecilia Vranicich, para que pueda tomar medidas más directas sobre la realidad criminal de Santa Fe, implementar políticas y estrategias de seguridad pública y subsanar lo que la gestión advierte como desequilibrios en un ecosistema de investigación hoy atomizado.
La jurisdicción Rosario terminó 2023 con denuncias cruzadas entre fiscales y el corrimiento de algunos de ellos de investigaciones que llevaban adelante. La fiscalía regional vivió una suerte de intervención parcial con tres áreas bajo monitoreo directo de la fiscalía general.
Las consecuencias de ese torbellino aún están latentes. Tanto Vranicich como la fiscal regional de Rosario María Eugenia Irribarren tuvieron que ir a la Legislatura a rendir cuentas de sus actuaciones. En gran medida, este proyecto de reforma toma las falencias en el sistema que se detectaron en esas instancias de revisión en medio del escándalo.
Hasta ahora, la Fiscalía General tenía un rol preponderantemente organizativo y no podía definir estrategias de persecución penal efectiva. La nueva norma pretende ir a un sistema mucho más centralizado y verticalista. El jefe o la jefa de los investigadores de toda la provincia tendrá mayor capacidad de intervención directa para la conducción efectiva de la política criminal y de los procesos de investigación y persecución penal.
Por ejemplo, podría asignar causas de manera directa a fiscales, crear una Unidad Especial como lo requiere la ley de microtráfico de drogas, ordenar que se proceda con una acusación en un determinado plazo, que se libere una orden de detención respecto a un imputado en particular, o que se apele en determinada causa, es decir, tomar decisiones de casos particulares y específicos.
La novedad, no convence del todo a quienes están a cargo de las fiscalías regionales, que pierden terreno y abre la polémica: “Por lo que pasó en Rosario se proponen cambios que nos impactan a todos, cuando acá las cosas son distintas. Si te llevás bien con quien está a cargo de la Fiscalía General, no pasa nada, pero si no hay entendimiento es un problema”, explicó una fuente. La provincia está dividida en cinco fiscalías regionales.
Además de ampliar las facultades de la Fiscalía General, el proyecto del Ejecutivo elimina la Junta de Fiscales. Ese cuerpo hoy está integrado por las y los titulares de las cinco fiscales regionales más el equipo de gestión de la Fiscalía General.
Sus resoluciones pueden incluso colocarse por sobre las decisiones de la Fiscal General y hasta tienen potestad para apartar a la fiscalía general de un tema puntual. Con la reforma, eso ya no pasaría, porque la Junta se reemplaza por un Gabinete de apoyo a la gestión con atribuciones mucho más simples y exclusivamente de asesoría.
Esa concentración de poder en el MPA es un cambio conceptual de fondo en la provincia. Tanto así que fiscalías, defensorías y la magistratura santafesina plantearon objeciones en público y pidieron que se abra el juego a la discusión parlamentaria.
Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA, en un comunicado, sostienen que las reformas significarán un MPA alineado con el Poder Ejecutivo: “Muestra la -ya iniciada- afectación de la independencia y autonomía del Ministerio Público a quien, en el artículo primero, no obstante, hacen responsable por ‘la reducción del delito y la protección de la sociedad’, una misión que claramente corresponde a otras funciones del poder del Estado en forma directa, no así a la función judicial acusatoria”.
La Asociación de Fiscalías, así como los colegios de magistrados, de jueces y abogados fueron citados para el próximo miércoles a participar del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y tendrán la oportunidad de sumar aportes y críticas al proyecto del Ejecutivo. (Fuente Letra P)
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