Por REDACCION
El inicio de este entuerto se remonta al año 1997 cuando se generó un proceso de consulta con los vecinos del barrio Amancay, porque la empresa Basso S.A. propuso al municipio la compra de la calle pública Francisco Peretti, entre la colectora de Luis Fanti y López y Planes. A tal fin se llevaron a cabo reuniones y se procedió a elevar una nota con firmas de los vecinos avalando el proyecto y requiriendo que con el monto de lo recaudado por la venta de la calle, se debía proceder a la construcción de una obra de bien público y por consenso surgió la idea de construir un Jardín Maternal Infantil, que cubriera las necesidades de los barrios Amancay y Antártida Argentina.
Fue así que se constituyó la “Asociación Civil Juan Basso” para avanzar en el proyecto y con dinero y recursos aportados por el Municipio y materiales provistos por la empresa se construyó, sobre un terreno municipal el Jardín que se denominó “Pimpollitos de Amancay”.
En el mes de agosto de 2003 comenzó a funcionar en el edificio de calle Blas Parera 1874, haciéndolo anteriormente en la sede vecinal del barrio.
Luego de varios intentos, algunos de ellos con acompañamiento de concejales mediante proyectos, una nueva nota ingresada al Concejo con la firma de Sergio Aimo y Oscar Santi, ambos ligados a la comisión vecinal en el pasado y actualmente, volvió a poner el tema en la agenda legislativa.
Según los autores de la misiva, la idea original que se tuvo con el Jardín consistía en que las erogaciones correspondientes a su estructura de personal docente, de mantenimiento y administrativo, fuera sustentada por el Municipio y con el aporte de los socios y la cooperadora o club de madres se generarían fondos para continuar con la construcción u otras necesidades. En ese marco, la intención fue que su ingreso fuera de carácter gratuito, pero en la actualidad la Asociación, que está conformada por el personal directivo y las docentes de Jardín, cobran una cuota mensual y se limita el ingreso de los niños y niñas del sector.
El pedido hizo que los ediles soliciten la presencia en la sala de reuniones de funcionarios para que expliquen sobre este proceso que muestra algunas desprolijidades.
Con ese cometido, el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, fueron ayer al Concejo y en primer lugar confirmaron que no existe ningún instrumento que regule la vinculación entre Municipio y la Asociación. También expusieron sobre los inconvenientes que implicaría la municipalización y adelantaron que la empresa Basso S.A. invertiría en el Jardín para cumplir con una Ley laboral, posibilidad que disparó un interesante debate.
¿BASSO INCORPORA
AL JARDÍN?
En el encuentro, Lombardo propuso “considerar algunas variantes que se deberían tener en cuenta al momento de tomar, analizar y luego adoptar una decisión”. En primer lugar hizo la salvedad que el Gobierno municipal mantiene “una relación permanente con la dirección y cuerpo docente de la Asociación, y la sensación es que una municipalización pondría en riesgo la continuidad laboral porque deberíamos someterlos a un concurso, temor que también tienen los padres de los chicos que asisten porque deberían pasar por el mecanismo de selección que tiene el resto de los Jardines municipales”. Luego recordó que “existe un Jardín municipal en el barrio Los Nogales, que está dentro de la zona y próximo al barrio”.
“El tercer dato -continuó- a tener en cuenta es que en virtud de estar vigente el artículo 79 de la Ley de Contrato de Trabajo, aquellas empresas con más de 100 trabajadores tienen la obligación de contar con el servicio de un Jardín Materno Infantil para sus empleados y estamos al tanto del interés de la empresa Basso S.A. para regularizar su situación. Tienen plazo hasta marzo de 2023 para hacerlo, y como el tiempo no es mucho la empresa mantiene diálogo con la Asociación buscando un acuerdo. Si se llega a buen puerto, le daría al Jardín una fuente de financiación y la posibilidad de crecer y estar mucho más aliviados en su funcionamiento”.
Por su lado, Andereggen reconoció que existe una situación que no está debidamente asentada, pero adelantó que se recurrió al asesoramiento del Fiscal municipal “para subsanar esta irregularidad y formalizarla a través de un comodato o de una donación del inmueble”.
Ante el sinceramiento de la situación, la edil Alejandra Sagardoy (UCR-JxC) preguntó “qué está recibiendo la municipalidad a cambio del uso de un bien público y la respuesta al unísono de ambos funcionarios fue: “nada”. Tras la respuesta, la concejal dejó en claro que está en contra de una donación del inmueble a una empresa porque después todas las empresas que deben ajustarse a la Ley estarían en condiciones de reclamar igual trato. A su vez, solicitó que en caso de un comodato haya un beneficio para la Municipalidad y más adelante Andereggen señaló que un sistema de becas, que reserve lugares para ser otorgados por el Municipio sería una alternativa interesante.
De igual modo, Lisandro Mársico (PDP-FP) dijo que “no se debe confundir la obligación de la empresa con las necesidades del Jardín y por eso no está de acuerdo con un comodato o donación” si la empresa se hace cargo del Jardín. Y fue tajante al sostener: “la empresa debería tener su propio Jardín”, pero Lombardo le planteó “que si existe la posibilidad que la empresa invierta, amplíe lo construido y el Jardín y la Asociación puedan crecer, lo que sería un beneficio también para el Estado”. En este marco, Mársico deslizó que vería con buenos ojos: “una asociación público-privada, pero bajo el paraguas de la municipalización”.
Enseguida, Andereggen ratificó la inconveniencia presupuestaria y recordó “que en la actualidad son alrededor de 60 sueldos a los que se pagan en los Jardines municipales con dineros del Estado” y sin dar cifras dio a entender que es una suma muy importante.
¿DEBE SER
SER MUNICIPAL?
Interpretar si el texto de la Ordenanza determinar o no que el Jardín debe estar bajo la órbita municipal tuvo dispar enfoque porque no está expresamente indicado y se produjo una discusión. Fue Mársico quien leyó un párrafo de la norma que autorizó la venta de la calle a la firma Basso y en su artículo 4° señala que: “el producido que se obtenga de la venta será destinado a la construcción de un Jardín Materno Infantil” y Lombardo aprovechó para manifestar que solo se “habla de construcción y no de gestión”. El demócrata progresista insistió con que: “el espíritu de todos los que estuvieron en ese momento era que fuese municipal”, pero la secretaria le retrucó que de ser así “no se habría creado la Asociación”, y se apoyó en el acta de fundación de la Asociación cuando en el capítulo de fines y propósitos que sus actividades “serán cumplidos por docentes o personas vinculadas a la educación y son los siguientes: promover y fomentar el desarrollo pleno del niño en el ámbito adecuado colaborando con su familia, ….”.
Otro de los argumentos de quienes reclaman la municipalización del Jardín es que la Ordenanza ordena que lo que se obtenga por la venta de la calles “se deberá destinar a producir infraestructura básica en materia educativa en el barrio, que a la fecha carece de una oferta adecuada”, y con ello pretenden que al Jardín concurran los chicos del barrio Amancay, pero Lombardo aseveró que “con el traspaso al Estado, el Jardín va a estar ubicado en el barrio, pero no va a ser para el barrio” recordando que a los Jardines municipales asisten chicos de diferentes sectores de la ciudad y de acuerdo a un escalafón.
“NO SON PRIVADOS
QUE GANAN PLATA”
Finalmente, y ante la denuncia de los peticionantes acerca que la cuota que se debe pagar es alta, Andereggen reveló que “está en los $ 7.000, que es la mitad de lo que se abona en uno privado y con ese se debe abonar el sueldo a 6 ó 7 maestras que atienden a 54 chicos” por lo que rechazó contundentemente que “el municipio le haya dado el Jardín a un privado para que hagan plata” tal como acusaron los peticionantes.
Más adelante, la secretaria subrayó que “el Jardín cuenta con las habilitaciones correspondientes en función de las dos inspecciones anuales que exige el Municipio para cualquier entidad que se dedique al cuidado y la educación de la primera infancia”.
Si algo quedó por demás de claro es que el Ejecutivo no contempla en absoluto una municipalización y todo lo que está haciendo es llevar adelante las consultas pertinentes (a Fiscalía y la Asociación Juan Basso), esperará la propuesta de la empresa Basso y luego elaborará un proyecto que le dé un encuadramiento legal a esta irregularidad. Más tarde se enviará para su aprobación al Concejo y se podría anticipar que el reclamo quedará archivado.
JARDIN DE INFANTES
EN LAS EMPRESAS
Una decena de firmas rafaelinas ya están trabajando para adecuarse a las disposición que entrará en vigencia el 22 de marzo del próximo año, aunque con distintas modalidades. Algunas tendrán su Jardín propio, otras harán un convenio con guarderías privadas y una tercera alternativa es la de Basso S.A.
La normativa indica que “en los establecimientos de trabajo donde presten tareas cien (100) personas o más, independientemente de las modalidades de contratación, se deberán ofrecer espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad, que estén a cargo de los trabajadores y las trabajadoras durante la respectiva jornada de trabajo”.
“A los efectos del cómputo de la cantidad de personas que trabajan en el establecimiento, se tendrán en cuenta tanto las y los dependientes del establecimiento principal, como aquellas y aquellos dependientes de otras empresas, en tanto presten servicios en el establecimiento principal”.
Se contempla también que “en los Convenios Colectivos de Trabajo podrá preverse el reemplazo de la obligación prevista en el artículo 1° de la presente medida por el pago de una suma dineraria no remunerativa, en concepto de reintegro de gastos de guardería o trabajo de cuidado de personas, debidamente documentados”.
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