Por REDACCION
Este jueves a las 8.30 en el salón verde del Palacio Municipal, un grupo de inquilinos rafaelinos serán recibidos por el Jefe de Gabinete Marcelo Lombardo, el secretario de Gobierno Jorge Muriel, el fiscal Municipal Daniel Fruttero y la titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) Cecilia Burdisso.
Luego de la presentación de más de 2000 firmas y la movilización de este grupo de vecinos frente al municipio, funcionarios del Ejecutivo otorgaron una audiencia para tratar el tema de los alquileres. Esto significa un gran avance en los reclamos de ciudadanos que alquilan en Rafaela.
Entre los reclamos solicitados se encuentran el enorme precio de los contratos, la gran cantidad de requisitos que solicitan las inmobiliarias, la poca oferta de alquileres, el abuso de algunos propietarios, el mal cobro de impuestos a los inquilinos que le corresponden a los locatarios, entre otros.
Cabe señalar, que esto se da en el marco de la discusión sobre la ley de alquileres a nivel nacional, donde los inquilinos proponen un impuesto nacional a la vivienda vacía y un precio mínimo de inicio para reforzar la ley en defensa del eslabón más débil en este mercado.
De igual modo, en la concentración del pasado miércoles se acercaron una serie de propuestas que pueden ser atendidas a nivel local, sin esperar definiciones nacionales, como por ejemplo: un teléfono gratuito de atención a los inquilinos que sufren estafas o que les cobran impuestos ilegales, una campaña que publicite los derechos de quienes alquilan, un aumento de la tasa municipal de inmuebles a aquellos propietarios que tengan más de dos viviendas vacías y una garantía municipal como existe en ciudades como La Plata y Buenos Aires.
Actualmente, en Rafaela más del 25% de la población carece de casa propia y debe alquilar. Los alquileres mayoritariamente superan en precio el valor del salario mínimo vital y móvil.
Asimismo, para resolver la crisis habitacional de la ciudad, según datos oficiales aportados por el Instituto Municipal de la Vivienda IMV), se necesitarían más de 7000 viviendas. El hacinamiento crece y también lo hace la desesperación de los ciudadanos que necesitan acceder al derecho constitucional de una vivienda digna y por eso reclaman y se movilizan.
ESCUCHAR LOS RECLAMOS
Al ser consultado por el encuentro del jueves, Jorge Muriel señaló que “piden ser escuchados y eso vamos a hacer, hay un petitorio con algunas cuestiones que se plantean y debemos analizar si son viables. Como a todos los vecinos, los vamos a recibir y trataremos de ver la posibilidad de encontrar alguna herramienta en conjunto. No es fácil, la ley es nacional como bien dice el petitorio. Pero insisto, los vamos a escuchar y a presentarles las herramientas habitacionales que tenemos en la ciudad, que son pocas, pero algunas tenemos”.
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