El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) comenzó el martes pasado a pagarles a las clínicas y sanatorios que no adhirieron al corte de servicio ejecutado en abril y mayo para reclamar un aumento en el valor de las prestaciones, según publicó AIRE.
El gobierno provincial había decidido practicar un débito en las carteras de Rosario y el departamento Castellanos, los dos lugares en donde se llevó adelante la medida de fuerza, por alrededor de 470 millones de pesos, de los cuales $ 455.998.575 involucraban a la jurisdicción del sur santafesino. Como el débito se aplicó sobre las gerenciadoras de los contratos de Iapos, el recorte del pago alcanzó al conjunto de las clínicas y sanatorios, aun las que habían continuado prestando el servicio. Tampoco se habían abonado las guardias mínimas que habían sostenido las empresas de salud que habían interrumpido las prácticas médicas.
Luego de la medida de fuerza, en medio de las negociaciones por el incremento del valor de las carteras, los prestadores se quejaron ante el gobierno por el débito. La respuesta oficial fue que las prácticas que efectivamente se habían cumplido serían abonadas, previa presentación y auditoría de la documentación correspondiente.
Ahora, tras la acreditación de las prestaciones realizadas, el Iapos las paga. Para el gobierno, esta decisión permite “premiar” a quienes no cortaron el servicio y “sancionar” a las empresas que sí lo hicieron. Con un elemento extra: en una economía inflacionaria, cobran 45 días después. Hay otro resultado que valoran en la Casa Gris: los sanatorios que no son Premium, pero de buena calidad, absorbieron parte de la facturación de los prestadores top, que son quienes encabezaron la interrupción del servicio. Factor de desaliento para medidas de fuerza en futuras renegociaciones de los contratos. Todo ello se produce, además, en un contexto crítico del Iapos, de acuerdo a la mirada del gobierno provincial. Vale recordar, en ese sentido, que la gestión administrativa de la obra social fue transferida al ministerio de Economía, en cabeza de su titular, Pablo Olivares, que es quien lleva adelante las negociaciones con los prestadores.
Aquella decisión tuvo como argumento que “durante el primer trimestre del presente ejercicio un déficit presupuestario que supera el 5% del total de sus recursos en el mismo período, lo cual exige por parte de este Poder Ejecutivo tomar con premura definiciones tendientes a afrontar el déficit y evitar su consolidación de forma tal de no poner en riesgo el sistema de prestaciones médico-asistenciales y de seguridad social de los afiliados”.
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