En una firme defensa de sus incumbencias profesionales, el ecosistema institucional de la abogacía argentina cuestionó con dureza la posibilidad de habilitar la sucesión notarial a partir de una reforma del Código Civil y Comercial, tal como deslizó en agosto pasado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona durante la 45ª Convención Notarial en la Ciudad de Buenos Aires. "Ustedes necesariamente deben intervenir en otros actos jurídicos, como los que propone el gobierno: divorcios y sucesiones, para ahorrarle dinero a la gente y facilitarle trámites en la vida", dijo el funcionario durante ese cónclave realizado en el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 7 y el 9 de agosto pasado.
El tema fue analizado durante la Jornada Nacional sobre Derecho Sucesorio, que se realizó el viernes por la tarde en la sede del Colegio de Abogados de Rosario con la participación de representantes de más de 70 instituciones. “Es fundamental entender que el traspaso de las sucesiones a la órbita notarial no hará el proceso más rápido ni más barato; por el contrario, puede generar mayores costos para la ciudadanía y derivar en vulneraciones a sus derechos”, se afirmó en ese encuentro organizado en la forma conjunta por la Federación Santafecina de Colegios de Abogados, integrada por los cinco colegios de la provincia entre ellos el de Rafaela, y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
La presidenta del Colegio de Abogados de la 5ta. Circunscripción Judicial con sede en Rafaela, Mabel Eusebio, destacó el nivel de participación de la Jornada en Rosario. “Estuvimos abogados y abogadas de todo el país, así como también representantes del ámbito académico, de las universidades, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y también de nuestras cajas profesionales, Caja Forense y nuestra caja de Seguridad Social. Emitimos un documento donde manifestamos el absoluto rechazo a la iniciativa de sucesiones notariales promovida por el Ministerio de Justicia de la Nación y en el que además alertamos a la ciudadanía que no debe ser víctima de engaño porque los argumentos en los cuales se justifica esa modificación legislativa son engañosos”, subrayó Eusebio a LA OPINIÓN.
“Creemos que las sucesiones deben mantenerse dentro de la órbita del Poder Judicial. Las sucesiones deben ser jurisdiccionales. ¿En qué fundamos esto? Básicamente en la seguridad jurídica de los ciudadanos”, enfatizó la titular del Colegio de Abogados de Rafaela. “Estamos convencidos que sólo en este ámbito las sucesiones van a tener la garantía de seguridad jurídica y de que no haya violación de los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, exclusión de herederos, deudores, acreedores. A nuestro criterio, las sucesiones se encuentran correctamente reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación”, agregó.
Para Eusebio “no es necesario ningún tipo de reforma legislativa” al tiempo que cuestionó los fundamentos del Gobierno nacional para impulsar este cambio. “Los argumentos esgrimidos para justificar esta supuesta reforma son que las sucesiones notariales van a ser más baratas y más rápidas. Y, reitero, esos argumentos no son reales”, resaltó.
“Muy por el contrario, las sucesiones notariales van a ser más costosas. Y, por otro lado, también podemos decir que no van a ser más rápidas. Sumado a esto, a lo que ya manifesté previamente, que es la inseguridad jurídica que esto puede traer y la pérdida de derechos, creemos, que esos eventuales proyectos legislativos deben ser rechazados”, finalizó Eusebio.
Por ahora el Gobierno nacional no envió un proyecto de ley al Congreso para modificar el Código Civil y Comercial de la Nación en lo referente a Sucesiones y Divorcios. El tema ya había sido incorporado a la Ley Bases, en la que proponía la creación de un “régimen sobre procesos sucesorios no contenciosos”, es decir, la posibilidad de tramitar una sucesión ante escribano público en aquellos casos en los que no existan controversias entre los herederos. Finalmente, esta modificación no fue incluida en el texto aprobado por el Congreso.
En este contexto, la FACA, que preside la rafaelina Mariel Tschieder -presente en la Jornada que se llevó a cabo en Rosario-, se declaró en “estado de alerta” y advirtió que “llevará adelante todas las gestiones, ya sean de carácter judicial o extrajudicial, que resulten necesarias para evitar el avasallamiento a nuestras incumbencias profesionales y la consecuente erosión del principio de seguridad jurídica, el que tiene una innegable trascendencia en la vida diaria de los ciudadanos”. “El traspaso de las sucesiones y divorcios desde el ámbito judicial al ámbito administrativo, como pretende el actual gobierno, acarreará una inevitable vulneración de derechos esenciales de los justiciables”, remarcó la entidad.
“¿Cómo se cuidarán los intereses de los acreedores de una persona que falleció? ¿Cómo se publicarán los edictos? ¿Cómo se notificará al público que un sujeto falleció? ¿Cómo se garantizará que en una sucesión estén representados todos los herederos?” son algunos de los interrogantes que surgen en el diálogo entre abogados sobre la propuesta del Gobierno para que los escribanos puedan gestionar las sucesiones donde, a priori, no se presenten conflictos.
Documento final
"Ratificamos la idoneidad de las sucesiones en sede jurisdiccional, en el entendimiento que la normativa contenida en el Código Civil y Comercial de la Nación constituye la mejor respuesta legislativa y normativa a la realidad vinculada con el derecho sucesorio", afirma el documento aprobado el viernes en la Jornada que organizó la FACA y los Colegios de Abogados santafesinos.
"En relación a la iniciativa expresada por algunos sectores de formalizar las sucesiones notariales, concluimos que de concretarse su aprobación, redundarán en mayores costos para la población, sin contribución alguna a la reducción de plazos, acarreando un grave perjuicio para la seguridad jurídica y generando mayor conflictividad social", expresa.
El documento sostiene que "el proyecto mencionado pretende instalar la opción de acuerdo entre sucesores mayores y capaces realizada ante un escribano público u órganos judiciales. Esto conlleva a la desnaturalización de la función del juez, transformando el acto jurisdiccional en un mero acto administrativo, limitando su función a la verificación de las partidas como acreditación de la vocación sucesoria de los pretendientes a la herencia".
Además, deja en claro que no hay “recetas mágicas” para saber si una sucesión generará o no conflictos como para establecer cuál será tramitada en el ámbito jurisdiccional y cuál en el notarial. "Lo que se avizora es la conflictividad social y la inseguridad jurídica. Pensemos en este planteo: qué ocurriría si se presentan ante un escribano determinados sucesores y estos omiten denunciar la existencia de otros sucesores o bien de acreedores de la persona fallecida, y luego ellos disponen de los bienes de la herencia y luego se insolventan. Los sucesores y acreedores omitidos podrán ir a un proceso judicial pero ya será tarde, pues no habrá bienes en la herencia para cobrar los créditos ni tampoco los sucesores omitidos podrán recibir sus respectivas porciones hereditarias, y si quienes han dispuesto de los bienes hereditarios son insolventes, pues entonces no habrá nadie a quien reclamar en forma eficiente para satisfacer sus derechos, los cuales se habrán vulnerado", señala.
"Por otra parte, quienes acompañan esta iniciativa manifiestan que las sucesiones notariales serán más rápidas y menos costosas. La realidad refleja la falacia de estas afirmaciones. En primer lugar, los plazos enunciados en el proyecto reproducen los establecidos en el Código Civil y Comercial y, en este punto no hay variación alguna; claro está, si estamos frente a un sucesión voluntaria y no deviene en contenciosa. En segundo lugar, en cuanto a los costos, el mismo proyecto expresa en su artículo 8 que 'cada colegio notarial establecerá los aranceles indicativos a percibir por el escribano interviniente', lo cual significa que no se conoce a ciencia cierta los montos en que ascenderán dichos aranceles, sellados y tasas a devengarse y; más aún, la posibilidad de generarse un doble honorario profesional; es decir a favor del escribano y del letrado interviniente; patrocinante de los interesados. Entonces el argumento de una sucesión menos costosa se diluye”, plantea el documento.
Por último, reitera que “la sucesión notarial no contenciosa no va a traer ninguna mejora en relación a la sucesión judicial no contenciosa, los verdaderos inconvenientes que se generan en relación al tiempo y costos se producen en las sucesiones contenciosas, y el mismo proyecto deja aclarado que ante la presencia del conflicto se deben remitir las actuaciones a sede judicial".
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