Finalmente el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Rafaela convocó a un paro de 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo para este miércoles y jueves ante la falta de acuerdo para actualizar los salarios de abril pasado y tras rechazar una propuesta de un aumento del 5 por ciento.
Tal como informó LA OPINIÓN, el gremio tenía previsto definir hoy si la medida de fuerza sería de 48 o de 72 horas. Al final se inclinó por la primera opción, lo que impactará de lleno en la prestación de los distintos servicios que presta la Municipalidad de Rafaela y de los casi 50 gobiernos locales de la jurisdicción del SEOM.
La gestión del intendente, Leonardo Viotti, había ofrecido el jueves por la tarde un incremento del 5% que fue rápidamente rechazada por los negociadores del SEOM en una reunión del viernes. El Municipio alineó su política salarial al Gobierno provincial, que también propuso a los gremios estatales de ATE y UPCN así como también a los sindicatos docentes, entre ellos AMSAFE, una suba del 5% que fue desestimada.
En este marco, todo el sector público de la Provincia, sean estatales de la administración central, docentes y ahora también trabajadores municipales confluirán en un paro de 48 horas entre miércoles y jueves. En tal sentido, el jueves adherirán a la medida de fuerza impulsada por las centrales sindicales nacionales, entre ellas la CGT, que concretará su segundo paro general contra el presidente, Javier Milei, en rechazo a la reforma laboral, la Ley Bases y el mega DNU.
El SEOM no solo cristalizará su huelga por la falta de acuerdo salarial, sino también para pronunciarse en contra de una posible reforma previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia -por iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro, se conformó una comisión multisectorial para debatir la transformación del organismo fuertemente deficitario- y en reclamo de la normalización de la cobertura de salud del IAPOS, que se encuentra interrumpida desde hace dos semanas. En este último caso, son los prestadores privados de la Provincia los que cortaron la atención a los afiliados del IAPOS para exigir una actualización de los aranceles.
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