Por REDACCION
La Sociedad Rural de Rafaela (SRR) fijó su posición en relación al proyecto de ordenanza que el Departamento Ejecutivo Municipal envió al Concejo para avanzar en un marco normativo para regular los usos de suelo en una franja de 1.200 hectáreas ubicada en el noroeste de la ciudad, en forma paralela a la Variante de la Autopista de la 34. "El crecimiento del área urbana no debe darse a costa de la ruralidad", subrayó la entidad que preside Norma Bessone, aunque dejó en claro que "no hay una intención institucional de interferir en el desarrollo de la ciudad ni de la región, pero se entiende que debe cada normativa acompañar de manera equitativa a todos los intereses, los del campo y la ciudad".
La SRR participó días atrás, en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, del encuentro en el que funcionarios municipales brindaron detalles sobre el proyecto de ordenanza que el Ejecutivo elevó al Concejo Municipal sobre el uso de tierra en las adyacencias de la Variante de la Ruta Nacional 34, hacia el oeste de la ciudad. "Existe a lo largo de todo el trayecto, de unos 17 kilómetros, una intención de generar espacios diferenciales de uso, de acuerdo a las potencialidades planteadas desde la ciudad y como vínculo con el sector agropecuario, como puede ser la logística, los servicios, segmentos industriales, para poder acompañar con la infraestructura necesaria, permitiendo un alivio de la ciudad en este sentido y un aprovechamiento de la accesibilidad que se generará con la habilitación de este desvío de la Ruta", explicó la entidad que estuvo representada en la reunión por Pedro Rostagno y Jorge Pesce.
"Este proyecto, si bien tiene en cuenta la ruralidad y su integración al área urbana, en momentos en los que se realizan debates previos correspondientes para su consideración, desde la Sociedad Rural de Rafaela se sostiene una posición concreta al respecto", señaló.
Durante la reunión realizada en el CCIRR, donde estuvieron además de los funcionarios del Ejecutivo actual, los concejales y representantes de diferentes sectores productivos y de profesionales, Rostagno y Pesce indicaron que “todo el crecimiento del área urbana, industrial o de servicio, a costa del sector rural, significa un corrimiento del uso del suelo y de sus límites para la aplicación de fitosanitarios a partir de la Buenas Prácticas Agrícolas, respetando las distancias vigentes”.
En tal sentido, Rostagno fue contundente al sostener que “cualquier desarrollo urbano nuevo tiene que asumir las restricciones que por las ordenanzas vigentes o a través de reclamos judiciales se impongan, para evitar una historia de nunca acabar”. La referencia está dada por la cantidad de restricciones que se le imponen a las actividades en la ruralidad y por la flexibilidad de criterios en el ejido urbano.
“La mayoría de los espacios en los que se asienta la ciudad de Rafaela son considerados productivamente de Clase 1, que son los mejores para el desempeño agropecuario, por lo tanto, una vez que se avanza con la urbanización, no se pueden recuperar más y existe un mayor impacto ambiental, pero también en cuanto a la sustentabilidad, por la restricción en las actividades económicas”, afirmó Rostagno.
Finalmente, la SRR expresó que si bien "no hay una intención institucional de interferir en el desarrollo de la ciudad ni de la región, cada normativa debe acompañar de manera equitativa a todos los intereses, los del campo y la ciudad". "Claro que por parte de los desarrolladores inmobiliarios de la ciudad existe una inquietud de generar la ampliación de este tipo de proyecciones hacia el oeste de la variante, por fuera de la suerte de “cinturón” que genera hacia el Oeste este desvío de tránsito aunque por el momento no se dieron mayores detalles sobre este particular", concluyó.
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