La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio este jueves sanción definitiva a la Ley de Emergencia y Reforma Previsional, en medio de una caótica sesión en la que el oficialismo acortó el debate en el recinto debido a que un violento grupo de manifestantes ingresó al edificio de la Legislatura tras enfrentarse con la policía.
Justo cuando hacía uso de la palabra el diputado de Rafaela, Juan Argañaraz, quien argumentaba en rechazo del proyecto, el titular del interbloque oficialista, Pablo Farías solicitó -amparado en el reglamento- anticipar la votación y dejar el debate para después, teniendo en cuenta que los manifestantes habían logrado acceder al edificio tras “tirar la puerta abajo”.
La moción de Farías fue aprobada por la mayoría oficialista al mismo tiempo que la oposición rechazaba la maniobra por considerarla fuera del reglamento. Sin embargo, el propio legislador oficialista detalló el artículo del reglamento de la Cámara que permitía interrumpir el debate para dar lugar a la votación. De esa manera defendió la legitimidad del procedimiento mientras la oposición ponía en duda -a los gritos- la validez de la votación.
En este escenario agitado, la presidenta de la Cámara, Clara García, ordenó la votación que terminó con 23 votos a favor de la reforma previsional, 9 votos en contra y 11 abstenciones, en tanto que se ausentaron siete legisladores. Mientras los legisladores votaban, desde la barra, docentes y otros empleados públicos efectuaban duros reclamos y reproches e incluso proferían insultos. En este marco, Farías mocionó pasar a un cuarto intermedio a raíz de las tensiones y agresiones que se advertían en el recinto. En ese momento, desde la barra le arrojaron agua que le mojó el saco y los papeles que tenía sobre su banca.
En definitiva, la sesión pasó a cuarto intermedio pero los legisladores se quedaron en sus bancas debido a que los manifestantes permanecían en el interior del edificio.
Desde temprano se montó un operativo de seguridad con la colocación de vallas en torno a la Legislatura, a la que decenas de efectivos policiales se apostaron en su interior y en el exterior de la misma. Después, por pedido de los propios legisladores, la policía retiró las vallas.
Asimismo, el dispositivo de seguridad comprendía la utilización de drones en el exterior donde cientos de trabajadores del sector público santafesino se habían concentrado para rechazar los cambios en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe.
Las modificaciones en materia previsional impulsadas por el Gobierno de Pullaro tienen como finalidad "bajar el nivel de déficit de la Caja de Jubilaciones", que para este año "alcanza los 430.000 millones de pesos", indicó el Gobierno provincial.
Además, con esta ley el oficialismo busca "salvar la caja de los estatales" y evitar "una nacionalización del sistema previsional", ya que "significaría una caída de los haberes" que perciben los jubilados de la provincia, "donde rige el 82% móvil".
Otro de los puntos clave que se aprobó fue el "aporte solidario durante dos años, con la posibilidad de extenderlo otros dos, que deberán hacer los jubilados que cobren los haberes más altos". Según consignó el gobierno provincial, es una "medida que alcanza a quienes perciben tres veces el haber mínimo y establece un esquema escalonado que hace que los que más paguen sean los que perciben las jubilaciones más altas".
La nueva legislación en materia previsional establece también un "tope" en los haberes máximos para evitar que haya "jubilaciones que multiplican hasta 32 veces la mínima". De esta manera, el Gobierno provincial estableció un "límite máximo de 20 haberes mínimos como techo".
Otro punto relevante dentro de los cambios tiene que ver con limitar el tiempo de permanencia en sus puestos de trabajo a las personas que hayan iniciado los trámites para pasar al sector pasivo.
Desde el Ejecutivo provincial señalan que esto sucede principalmente en el sector judicial, donde "tienen sus jubilaciones ya otorgadas, pero que no se acogen al retiro para no dejar de percibir sueldos que, en algunos casos, llegan a los 14 millones de pesos".
Tampoco se permitirá a partir de la sanción de la nueva ley "acumular beneficios" y además "se pone un límite temporal a las pensiones". Los límites que establece la norma determinan que "una pareja o cónyuge sólo cobrará la pensión por igual tiempo al que hayan convivido con quien en vida fue titular del beneficio".
Asimismo, existirá "tope por acumulación" de beneficios, de modo que "si dos empleados públicos están casados -o son cónyuges-, y uno de ellos enviuda y cobra más de 20 jubilaciones mínimas, no podrá percibir el beneficio de la pensión. El límite serán siempre 20 haberes mínimos", informó la administración provincial.
Tras el cuarto intermedio, la oposición pidió la nulidad de la votación e incluso anticipó que planteará un reclamo ante la Justicia. Desde el oficialismo, defendieron con argumentos de la presidenta de la Cámara, Clara García, y del propio Farías la legitimidad del mecanismo reglamentario que permite frenar el debate de un proyecto para pasar, inmediatamente, a su votación. "Fue necesario para evitar que los violentos logren su propósito de hacer caer la sesión", admitió Farías.
En ese momento, los legisladores tuvieron una zona de confort para argumentar a favor o en contra de la reforma. En tal sentido, el oficialista Rubén Galassi enfatizó que "la prioridad de este debate no es tocar la Caja, sino que es salvar la Caja". En tal sentido, amplió al señalar que "es necesario salvarla para que los actuales jubilados y los futuros sigan teniendo haberes dignos, superiores a los nacionales, salvarla de reformas potenciales que cambien de raíz el sistema y alteren su carácter público, solidario y de reparto". Asimismo, reconoció que "salvar la Caja implica reconocer que hay que cambiar cuando la realidad lo exige para cumplir esos objetivos nobles, y los cambios que aportamos hoy no tengo dudas generarán en el mediano plazo un sistema no solo sostenible, sino progresivo, más equitativo y justo".
"A diferencia del país, que posterga por años debates profundos sobre legislación tributaria, laboral, electoral, productiva, o que produce parches sobre parches en materia previsional, Santa Fe abrió un proceso de diálogo social y de análisis profundo", destacó Galassi.
El diputado oficialista consideró que "la reforma es necesaria para que Santa Fe continúe pagando las mejores jubilaciones de la Región Centro, y de eso estamos orgullosos, no es una carga pero tenemos que ser responsables de cómo se sigue para adelante, no podemos mirar para el costado". Y reiteró que "la reforma es razonable, justa, equitativa, progresiva y oportuna".
Tras la votación, y durante el cuarto intermedio, Amalia Granata, había pedido anular la votación por entender que el oficialismo no respetó el reglamento. “El Bloque Somos Vida no se abstuvo en la votación de la reforma jubilatoria. Exigimos la anulación de la votación por la reforma previsional. Decidieron cerrar el debate y alterar el orden de la sesión rompiendo el reglamento. La votación es nula. Están tomando nuestro voto como abstención y nunca lo solicitamos. Se llevan puesto el reglamento y las instituciones. No quieren el debate ni que la gente se entere del desastre de esta ley”, dijo la legisladora en su cuenta de X (ex Twitter).
El diputado rafaelino, Marcos Corach, también se pronunció en forma crítica. “Sin debate y a fuerza de gases lacrimógenos, aprobaron (¿aprobaron?) una reforma jubilatoria a las corridas, pisoteando reglamentos y, sobre todo, intentando convertir a la legislatura en un búnker para alejarse de la gente. Vergüenza”, expresó en sus redes sociales.
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