Por REDACCION
El juez de Cámara Jorge Andrés resolvió dar marcha atrás con el fallo que archivó la causa mediante la cual se investigaba el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe, iniciada hace 32 años con una denuncia de una comisión interna de empleados. El magistrado consideró que el juez, Pablo Busaniche afectó la imparcialidad exigida al no excusarse de intervenir, ya que su padre era uno de los deudores de la entidad crediticia que estuvo hasta 1998 en manos estatales.
La resolución, dada a conocer por el sitio zonacriticaonline, tuvo lugar tras la apelación de la fiscal Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Jiménez, y su colega fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti.
Según publicó El Ciudadano Web de Rosario, el fallo -fechado el miércoles 7 de diciembre- anula la resolución de Pablo Busaniche, fechada el 18 de agosto del año pasado, en función de la audiencia que se había celebrado unos días antes y en donde se debatió si la causa estaba prescripta. Busaniche consideró que sí y benefició así a los imputados en el expediente, que tuvo una larga historia en la provincia, ya sea en la justicia provincial o en el fuero federal.
Los acusados de haber vaciado la entidad estatal de crédito son: Julio Alzueta, Roberto Fattal Jaef, Rodolfo Vacchiano, Rubén González, Hernán Ingaramo, César Rossman, Emilio Sánchez García, Osvaldo Depianti, Juan Mario Quagliotti y Luis Buffa.
Los hechos fueron denunciados el 27 de agosto de 1990 por la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe y por el Banco Central de la República Argentina. Allí se puso de manifiesto un desfalco que rondaba los 500 millones de pesos y que la entidad financiera provincial jamás recuperó.
Busaniche había fallado a favor de la extinción de la acción penal, pero los fiscales apelaron ante la cámara que se tomó más de un año en resolver. Una de las razones principales de la impugnación del fallo en primera instancia era la relación familiar que una al juez que debía resolver con uno de los deudores del Banco de Santa Fe, al tomar en los años ochenta crédito que no pagó para un emprendimiento privado emplazo en la costanera este santafesina, conocido como Complejo Piedras Blancas. Finalmente, Jorge Andrés, solicita que se lleve adelante nuevamente el acto en primera instancia, donde volverá a debatirse si la causa está prescripta.
Con el fallo de Busaniche, el vaciamiento del Banco Provincial quedó impune. La causa se tramitó, casi sin avances, durante 31 años. Fue el mayor desfalco contra el Estado provincial e involucró a las primeras cuatro gestiones post-dictadura. El Estado dilapidó millones de dólares y al final se quedó sin su principal herramienta financiera. Se estima que la provincia perdió más de 146 millones de dólares entre 1983 y 1996 y debió gastar otros 1000 millones para vender el banco.
La apelación de los fiscales Jiménez y Arietti giró en torno a la información divulgada en agosto pasado por el portal Zona Crítica, que detectó que el juez que declaró la prescripción es hijo de quien fuera el socio gerente y cara visible del Complejo Turístico Piedras Blancas, Osvaldo Busaniche, quien dejó una deuda de 2.300.000 dólares sin pagar en el Banco Provincial, uno de los créditos “más perjudiciales para a entidad” según el Informe de la Comisión Nogueras (presidida por Alfredo Nogueras), elaborado por las universidades públicas en la segunda mitad de la década del 90 a pedido del ex gobernador Jorge Obeid.
Según se desprende de ese informe, el padre del juez Busaniche tomó dos créditos en los años 80 para financiar la obra de Piedras Blancas, en la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe, sobre la Laguna Setúbal. Ese complejo llegó a contar con un mini zoológico y un sistema de aerosillas. El segundo de los créditos contó con la garantía de la provincia.
El dato más relevante corresponde a los irrecuperables: aquellos deudores que jamás iban a poder pagarle al banco. En 1996, el 44,9% de los préstamos era irrecuperable.
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