La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) sumó un respaldo institucional clave al proyecto de la "Nueva Ley de Combustibles del Futuro", una iniciativa que comenzó a debatirse en el plenario de comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación. La propuesta, que cuenta con el aval explícito del Gobierno provincial, busca rediseñar el mercado energético nacional bajo condiciones de equidad y desarrollo sustentable.
El debate actual no surge de la nada. Desde la entidad fabril recordaron que, durante el año pasado, Santa Fe impulsó un proyecto propio en el marco de la Liga Bioenergética de Provincias. Si bien aquella iniciativa no logró dictamen, funcionó como el cimiento sobre el cual se estructuraron los cinco proyectos que hoy tienen estado parlamentario en la Cámara Alta.
Para los industriales santafesinos, las pautas trazadas por el Poder Ejecutivo —a través del Ministerio de Desarrollo Productivo— resultan determinantes. Según manifestaron, las medidas "son esenciales para rediseñar el mercado bajo condiciones de libre competencia, equidad e innovación", un esquema que no solo garantiza la supervivencia de las pymes, sino que permite integrar a las grandes empresas exportadoras en un mercado en expansión.
El reclamo por el corte y la "Equidad Federal"
Uno de los ejes centrales del planteo de FISFE pasa por el porcentaje de mezcla obligatoria en los combustibles. La entidad exige establecer un piso inicial de corte del 15% (B15), con la proyección de un "horizonte de competitividad" que alcance el 20% (B20) de manera automática si el biodiésel nacional resulta más económico que la importación de gasoil fósil. Cabe destacar que los parámetros técnicos para el B20 ya fueron oficializados este año por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 79/2026.
Asimismo, la entidad plantó bandera en lo que denominan "Equidad Federal", exigiendo para el biodiésel el mismo trato político que recibe el norte del país con el bioetanol de caña de azúcar. En concreto, demandan reservar un segmento de oferta no integrada equivalente al 40% del mercado general, el cual debería ser abastecido exclusivamente por pymes y licitado a través del Mercado Electrónico.
El 60% restante quedaría bajo un esquema de "oferta integrada" para grandes aceiteras y refinadoras. No obstante, para evitar la concentración de un sector históricamente tensionado, los industriales solicitaron fijar un tope estricto "aplicando a ambos sectores un límite máximo de participación del 14% para evitar cartelización o monopolización".
Certezas jurídicas e incentivos al "Futuro Energético"
La previsibilidad es otro de los puntos donde la industria santafesina golpeó la mesa de los legisladores. FISFE advirtió que "las inversiones de capital necesitan certezas legales y previsibilidad". Por este motivo, reclamó blindar el sistema normativo para que la autoridad de aplicación solo pueda reducir el corte obligatorio ante emergencias extremas de desabastecimiento, fijando un límite temporal estricto de 90 días antes de restituir los volúmenes originales.
Por otra parte, la mirada a largo plazo de la federación apunta a convertir a la Argentina en una "potencia en biocombustibles de avanzada". Para lograrlo, elevaron un pedido formal al Gobierno nacional para expandir las fronteras del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La solicitud apunta a que aquellos proyectos que superen los 200 millones de dólares destinados a plantas de Diésel Renovable (HVO), Combustible de Aviación Sustentable (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V) "ingresen explícitamente a los beneficios de estabilidad por 30 años del RIGI", amparados en la Ley 27.742.
Blindaje contra prácticas desleales
Finalmente, la propuesta defendida por la entidad fabril incluye la creación de un mecanismo de control comercial para asegurar que las grandes compañías integradas —dueñas de la materia prima— no asfixien a las plantas medianas y chicas.
En sintonía con la Ley de Defensa de la Competencia, exigieron que la Secretaría de Energía asuma un rol de "monitoreo activo, asumiendo el deber de denunciar ante la Autoridad Nacional de la Competencia (CNDC) cualquier conducta o acuerdo ilícito detectado", promoviendo canales seguros de intercambio de información para detectar de forma temprana cualquier distorsión en el mercado de insumos críticos.
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