Por REDACCION
ZENIT, 17. - La Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) ha publicado un “Vademécum sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos”.
Se trata de un de “manual” para llevar a cabo correctamente los casos en los que están implicados diáconos, sacerdotes y obispos acusados de abuso de menores.
El propio documento expone que este Vademécum no es “un texto normativo”, sino que “se propone clarificar el itinerario”. No obstante, continúa, “se recomienda su observancia, con la certeza de que una praxis homogénea contribuye a hacer más clara la administración de la justicia”.
Instrumento de ayuda
“El deseo es que este instrumento pueda ayudar a las diócesis, a los institutos de vida consagrada y a las sociedades de vida apostólica, a las conferencias episcopales y a las distintas circunscripciones eclesiásticas a comprender y a cumplir de la mejor forma las exigencias de la justicia respecto a un delictum gravius; el cual es para toda la Iglesia, una herida profunda y dolorosa que debe ser curada”, apunta el texto.
Solicitado durante el Encuentro de Presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo sobre la Protección de los Menores en la Iglesia, realizado en el Vaticano en febrero de 2019, este manual cuenta como referencias principales los dos códigos vigentes (CIC e CCEO); las Normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su versión enmendada de 2010, emanadas con el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, teniendo en cuenta las innovaciones aportadas por los Rescripta ex Audientia de 2019; el motu proprio Vos estis lux mundi; y la praxis de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Por otro lado, “al tratarse de un instrumento versátil, se prevé que pueda actualizarse periódicamente, cada vez que la normativa de referencia sea modificada o que la praxis de la Congregación necesite algún tipo de clarificación o enmienda”.
Respuestas
Apoyado en los citados documentos, el Vademécum responde de manera clara y precisa a preguntas como “¿Qué configura un delito? ¿Cómo se desarrolla la investigación previa? ¿Cuáles son los posibles procedimientos penales?”.
El documento defiende en primer lugar la dignidad de la persona humana y exige el esfuerzo de las Autoridades Eclesiásticas “para que la presunta víctima y su familia sean tratados con dignidad y respeto, y deben acogerlos y ofrecerles escucha y seguimiento, incluso a través de servicios específicos, así como asistencia espiritual, médica y psicológica”, según cada caso.
Del mismo modo “se puede hacer respecto al acusado”, recordando la importancia de proteger “la buena fama de las personas implicadas”.
El proceso debe garantizar al acusado el ejercicio del derecho de defensa, “aun cuando sea evidente que cometió el delito” y desde que se tiene noticia de un posible delito “el acusado tiene derecho a solicitar la dispensa de todas las obligaciones inherentes al estado clerical, incluido del celibato, y, si fuera el caso, de los eventuales votos religiosos”.
Dicha solicitud debe ser presentada por escrito al Santo Padre, a través de la CDF. Además, el acusado puede apelar contra un procedimiento penal o contra un procedimiento administrativo, mientras que la decisión Pontífice es inapelable.
Verificación de la información
El manual también indica que ha de realizarse una verificación precisa de toda información sobre un presunto caso de abuso, sea cual sea su origen (noticia en medio o redes sociales, fuente anónima), aunque no exista una denuncia formal.
El sigilo sacramental se mantiene, de manera que el confesor debe “convencer al penitente para que haga conocer la información pertinente por otros medios”.
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