Por Redacción
MONTEVIDEO, 23 (AFP-NA). - La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró este viernes inconstitucional una ley de 2011 que había determinado que los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985) eran imprescriptibles, lo que genera incertidumbre sobre las investigaciones en curso de estos crímenes.
La ley ahora cuestionada fue aprobada en octubre de 2011 por el oficialista Frente Amplio (izquierda) con la meta de derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos, y cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.
"Lo que la Corte hace es declarar inaplicables dos artículos en un caso concreto. Ahora los jueces dirán de qué modo esa declaración de la Corte incide en cada proceso", explicó a la AFP Raúl Oxandarabat, vocero de la SCJ. Los artículos cuestionados declaraban los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985 "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales" y afirmaba que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para su juzgamiento.
Según el vocero, "las vías por las que se puede seguir investigando son múltiples" pero los jueces no podrán aplicar esos artículos para procesar a implicados en violaciones de derechos humanos. De hecho, "se vuelve a la situación anterior, cuando hubo jueces que usaron otras leyes" para procesar a militares y civiles por estos delitos, añadió.
La Corte justificó su decisión en que la cuestionada ley viola el principio de no retroactividad establecido en la Constitución. Tras la difusión de la decisión judicial, el gobernante Frente Amplio (FA), la central sindical Pit-Cnt y la agrupación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocaron a una concentración en silencio para el próximo lunes, "por verdad y justicia".
La dictadura militar uruguaya dejó como saldo 180 desaparecidos confirmados, según las autoridades locales, la mayoría desaparecidos en Argentina.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) rechazó
la sentencia, acusando a la SCJ de buscar el mantenimiento de la
impunidad en Uruguay y dijo que recorrerá los caminos legales
pertinentes para que los responsables de los crímenes sean
juzgados.
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