Por REDACCION
BRASILIA, 13 (AFP-NA). - El expresidente brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado el miércoles a nueve años
y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, un fallo que
podrá recurrir en libertad pero que amenaza su eventual
candidatura a las elecciones de 2018.
Los abogados del exmandatario (2003-2010) anunciaron de
inmediato que apelarán la sentencia "en todas las cortes
imparciales, incluyendo las Naciones Unidas".
La condena contra el líder de la izquierda vuelve a sacudir a
la mayor economía latinoamericana, sumida en una grave crisis que
tiene al borde del abismo al actual mandatario, el conservador
Michel Temer, también acusado de corrupción en una causa separada.
Lula fue hallado culpable de recibir un apartamento tríplex en
el balneario de Guarujá (Sao Paulo), ofrecido por la constructora
OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.
El caso se inscribe en la Operación Lava Jato que reveló
multimillonarios desvíos de fondos de la petrolera estatal hacia
todo el arco político.
"Entre los delitos de corrupción y lavado hay concurso
material, motivo por el cual las penas sumadas llegan a nueve años
y seis meses de reclusión", determinó el juez Sergio Moro, de
Curitiba (sur), a cargo de esas investigaciones en la primera
instancia.
Lula, de 71 años, "podrá presentar su apelación en libertad",
determinó Moro.
"Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la
República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia
recomienda aguardar el fallo de la Corte de Apelación antes de
extraer las consecuencias propias de la condena", explicó.
Lula, que enfrenta otras cuatro causas penales, niega
categóricamente los cargos y los atribuye a una conspiración para
impedir su candidatura en las presidenciales de octubre de 2018.
En las encuestas, figura como gran favorito, pese a ser también
uno de los políticos con mayor índice de rechazo.
Para que su postulación sea bloqueada, deberá ser condenado en
segunda instancia. Un proceso de apelación podría tardar un año en
definirse, según fuentes que conocen la arena judicial en
Curitiba.
El extenso expediente afirma además que Lula recibió 3,7
millones de reales (1,1 millones de dólares al cambio actual) de
manos de OAS y que esa suma es parte de "un esquema delictivo
mayor, en el que el pago de sobornos era rutinario". Moro también prohibió a Lula a ejercer cargos públicos por 19
años, algo que debería ser confirmado o denegado en la segunda
instancia.
A LAS CALLES
La dirección del Partido de los Trabajadores (PT) afirmó en un
comunicado que la condena de su cofundador "representa un ataque a
la democracia y a la Constitución".
Además, el PT relaciona la sentencia con una ofensiva destinada
a "suprimir derechos sociales y laborales", un día después de que
el Senado aprobara definitivamente una flexibilización de la
legislación del trabajo.
"Queremos hacer manifestaciones de protesta en todo el país
contra esta decisión política ajena a cualquier proceso legal",
dijo el líder del PT en la Cámara de Diputados, Carlos Zarattini.
"Saldremos a la calle".
En contraste, Efrain Filho, diputado del partido de derecha
Demócratas (DEM) calificó el fallo como "una lección de ciudadanía
para el pueblo brasileño".
La Bolsa de Sao Paulo escalaba 1,69% tras el anuncio de la
condena del exsindicalista, en tanto que el real se reforzaba
frente al dólar.
TEMER, EN LA MIRA
La investigación Lava Jato amenaza igualmente al presidente
Temer, acusado de haber negociado un soborno a cambio de medidas
favorables al gigante de la alimentación JBS e investigado por
presunta tentativa de comprar el silencio de un exdiputado preso.
La Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la
Cámara de Diputados discutía el miércoles un informe que
recomienda encaminar a la corte suprema la denuncia por corrupción
pasiva presentada contra Temer por la Fiscalía General.
El caso deberá ser luego sometido a voto del plenario y si
llegara al Supremo Tribunal Federal (STF), y este abriera un
proceso formal, Temer será suspendido de su cargo por un máximo de
180 días, en espera de un dictamen.
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