Por REDACCION
LONDRES, Reino Unido, 27 (Reuters). - El Gobierno del Reino Unido fue en contra del derecho a la protesta y esa circunstancia generó una polémica por el atropello a derechos adquiridos.
El gobierno conservador sostiene que las leyes impiden que los activistas extremistas dañen la economía y alteren la vida cotidiana.
Los críticos alegan que los derechos civiles se están erosionando sin suficiente escrutinio por parte de los legisladores ni protección de los tribunales.
Señalan que los arrestos generalizados de manifestantes pacíficos, junto con el de funcionarios del gobierno que etiquetan a los activistas ambientales como extremistas, marcan un cambio preocupante para una democracia liberal.
Gran Bretaña es una de las democracias más antiguas del mundo, sede de la Carta Magna, un Parlamento centenario y un poder judicial independiente.
Ese sistema democrático está sustentado por una "constitución no escrita": un conjunto de leyes, reglas, convenciones y decisiones judiciales acumuladas durante cientos de años.
Los manifestantes, de Extinction Rebellion, Just Stop Oil e Insulate Britain, argumentan que la desobediencia civil está justificada por una emergencia climática que amenaza el futuro de la humanidad.
Pero el primer ministro Rishi Sunak los calificó de "egoístas" y "fanáticos ideológicos", por lo que el gobierno británico respondió a algunos disturbios con leyes que restringen el derecho a la protesta pacífica.
Los cambios legales introducidos en 2022 crearon un delito legal de "alteración pública", punible con hasta 10 años de prisión, y otorgaron a la policía más poderes para restringir las protestas consideradas disruptivas.
Le siguió la Ley de Orden Público de este mismo año, que amplió la definición de "perturbación grave", permitiendo a la policía registrar a cada uno de los manifestantes en busca de artículos como candados y pegamento.
Impone penas de hasta 12 meses de prisión a los manifestantes que bloqueen "infraestructura clave", como carreteras y puentes.
El Gobierno adujo que actuaba para "proteger el derecho de la mayoría respetuosa de la ley a seguir con su vida diaria".
Sin embargo, el Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento, que está conformado por varios partidos, advirtió que los cambios tendrían "un efecto paralizador sobre el derecho a protestar".
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