Por REDACCION
SAO PAULO, 14 (AFP-NA). - El expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva proclamó este jueves su intención de presentarse a
las elecciones de 2018 pese a su condena a casi 10 años de prisión
por corrupción, dando un nuevo giro a la dilatada crisis política
de Brasil.
"Si alguien quiere sacarme de juego con esa sentencia, tiene
que saber que sigo en el juego", aseguró en tono combativo Lula,
un día después de que Sergio Moro, el juez de primera instancia
encargado de la operación Lava Jato, hiciera pública su sentencia.
Negando todas las acusaciones y considerándose víctima de una
"cacería" judicial, el ícono de la izquierda latinoamericana
reafirmó en una rueda de prensa en Sao Paulo que no tirará la
toalla.
"A partir de ahora, voy a reivindicar del PT [Partido de los
Trabajadores] el derecho de postularme a la candidatura de 2018",
declaró el exmandatario (2003-2010) aclamado por sus
simpatizantes.
El expresidente, que enfrenta otras cuatro causas penales,
puede apelar la sentencia en libertad y sólo vería impedida su
candidatura si fuera condenado en segunda instancia.
Lula encarna la alta polarización en el gigante
latinoamericano, dado que es tanto el favorito para los comicios
de 2018 como el político con mayor rechazo entre los
precandidatos: el salvador de los pobres para algunos o el líder
de la red corrupta en Petrobras para otros.
Vestido con su habitual polo rojo del PT, Lula volvió a
demostrar que mantiene la energía e ironía de siempre.
Hablando de sí mismo en tercera persona, el exdirigente
sindical que enfrentó a la dictadura militar (1964-85) y colocó a
Brasil en el mapa, logrando sacar a 30 millones de la pobreza,
declaró: "Lula, con 71 años, cerca de cumplir 72, está decidido a
pelear de la misma forma que cuando tenía 30 años".
"El único que tiene el derecho a decretar mi fin es el pueblo
brasileño", manifestó.
"GOLPE"
Sergio Moro, para muchos un emblema de la lucha anticorrupción,
condenó a Lula a nueve años y medio de cárcel por corrupción y
lavado de dinero; la acusación afirma que es el propietario de un
apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo)
ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para
obtener contratos en Petrobras.
Pero para el exmandatario, las investigaciones que desde hace
más de tres años golpean a la élite política y empresarial con un
amplio uso de las prisiones preventivas y las delaciones premiadas
han convertido a Brasil en un "Estado casi de excepción, en el
cual los derechos democráticos están siendo tirados la basura".
Su condena respondería, según él, a una estrategia para
destruir al PT, que en 2016 cerró un ciclo de 13 años de gobierno
cuando su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, fue
destituida por el Congreso acusada de manipular las cuentas
públicas, y reemplazada por el conservador Michel Temer.
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