Por Redacción
MADRID, 10 (AFP-NA). - La Justicia española condenó ayer a 11 años de inhabilitación al juez Baltasar Garzón por un caso de escuchas ilegales, expulsando de la carrera judicial a un magistrado que osó investigar controvertidas cuestiones como los crímenes de la dictadura franquista.
Por decisión unánime, el Tribunal Supremo español lo condenó a "11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez" por estimar que vulneró el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes.
Los detenidos eran presuntos cabecillas de una red corrupta, conocida en España como "trama Gürtel", que en 2009 salpicó a altos cargos regionales del Partido Popular, que ahora gobierna España.
Garzón ordenó las escuchas por sospechar que los abogados participaban en operaciones de blanqueo de dinero y aseguró durante su juicio, celebrado a mediados de enero, que siempre actuó "preservando el derecho a la defensa".
La sentencia de la alta corte española consideró sin embargo que estas son "prácticas que en los tiempos actuales sólo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información".
Según explicó una fuente del Tribunal, esta condena "significa la expulsión de la carrera judicial" del juez español, de 56 años, que dentro de 11 años tendría que pedir la reincorporación para poder volver a ejercer.
Pero el juez, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, tiene intención de recurrir a "las instancias que procedan", aseguró su abogado en alusión al Tribunal Constitucional español o a la justicia internacional.
"Seguiremos luchando en pro de la inocencia que hoy se nos ha negado", dijo Francisco Baena Bocanegra a la televisión pública.
Esta sentencia llega sólo un día después del fin de otro juicio contra Garzón, que despertó gran expectación dentro y fuera de España, por querer investigar más de 114.000 desapariciones durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75) pese a una ley de Amnistía. De ser declarado culpable, el magistrado puede ser condenado a hasta 20 años más de inhabilitación.
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