Por REDACCION
BUENOS AIRES, 14 (Reuters - NA). - Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está de visita en Perú pidió el cese de la violencia en el país que transita por una etapa "muy complicada" de protestas, mientras la fiscalía inició once investigaciones para identificar a los "responsables" de docenas de muertos.
El jefe de la misión, Edgar Stuardo, afirmó que tras reuniones con familiares de las víctimas, autoridades del Estado y representantes de organizaciones civiles durante tres días percibió que la solución para salir de una de las peores crisis en el país andino es generar un amplio diálogo nacional.
"Estamos a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar en los próximos días. Esperamos que no haya ningún muerto más. Vemos una situación complicada", dijo Stuardo a periodistas.
El conflicto estalló tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, que intentó el 7 de diciembre disolver de forma ilegal el Congreso.
En las manifestaciones se exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la libertad de Castillo, que cumple prisión preventiva por "rebelión", la cual él niega.
Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y las fuerzas armadas peruanas de usar armas de fuego mortales y lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros.
El Ejército dice, por su parte, que los manifestantes, la mayoría en el sur andino del país, han usado armas y explosivos caseros.
En los últimos días las protestas se concentraron en las regiones mineras sureñas, pero el jueves miles de personas marcharon por las calles de Lima demandando el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte.
Stuardo afirmó que la crisis en Perú se debe principalmente a la fragilidad de sus instituciones y la constante lucha de poder entre el Ejecutivo y el Congreso, que han generado que el país tenga seis presidentes y tres parlamentos en cinco años, con renuncias y destituciones provocadas de los jefes de Estado.
"Esto ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y ha obstaculizado la gobernabilidad", señaló.
El funcionario refirió que durante su visita recibió denuncias de familiares de las víctimas de un uso desmedido de la fuerza por parte de la policía; aunque también de la actuación de "grupos violentos" que deben ser identificados.
"Hacemos un llamado a un cese de violencia y a que se lé de un privilegio al diálogo", dijo el comisionado de la CIDH.
Stuardo afirmó que las fuerzas de seguridad local se han comprometido a "actuar con los estándares interamericanos de legalidad, necesidad y proporcionalidad".
Más temprano, el Ministerio Público informó que abrió investigaciones preliminares por los violentos hechos en regiones sureñas de Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac y Ucayali, focos de las mayores protestas, además de la capital, Lima.
Estas pesquisas marchan en paralelo a la investigación, también preliminar, anunciada esta semana contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" en las protestas, en la que se incluyó a parte de su gabinete de ministros.
De acuerdo a las "primeras indagaciones" se registraron 355 civiles y 176 policías heridos, además de 329 detenciones de ciudadanos durante las protestas de diciembre y enero, detalló la fiscalía.
En este contexto, ya serían 41 los fallecidos por las manifestaciones iniciadas hace ya un mes, momento en el que el congreso aprobó la destitución del ex presidente Pedro Castillo.
Mientras tanto, los enfrentamientos se acentúan, principalmente en Cusco, donde sigue creciendo el número de personas heridas, al haberse sumado más de treinta este viernes.
En la investigación se consideran los presuntos delitos de disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y obstáculo al funcionamiento de los servicios públicos.
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