Por Redacción
MADRID, 25 (AFP-NA). - La fiscalía del Tribunal Supremo español se sumó ayer a la defensa del juez español Baltasar Garzón para pedir el fin del proceso contra el célebre magistrado por haber querido investigar los crímenes de la dictadura franquista pese a la existencia de una ley de amnistía. "Sustancialmente coincidimos en los mismos criterios sostenidos por la defensa", enfatizó el fiscal Luis Navajas, que durante las fases previas al juicio ya había pedido que no se juzgase a Garzón por considerar que su actuación no constituye delito.
Baltasar Garzón se sentó este martes en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo español que durante las próximas semanas debe juzgarlo por haber querido investigar los crímenes de la dictadura franquista pese a la existencia de una ley de amnistía. El acusado decidió "acordar competencia a la Audiencia Nacional" (principal instancia penal española, ndlr) para investigar las "desapariciones forzosas" denunciadas en 2006 por los familiares de las víctimas, afirmó la secretaria del tribunal
leyendo la causa contra Garzón.
Minutos antes, el juez, de 56 años, había sido recibido por varios de sus colegas jueces, reunidos en el Tribunal Supremo para expresarle su apoyo. También unos 200 de sus partidarios, entre ellos muchos familiares de las víctimas del franquismo, se habían concentrado en la calle para expresar su rechazo por un proceso que denuncian como "injusto".
"Pedimos el archivo del procedimiento", agregó Navajas ante los siete magistrados de la sala. Mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, Garzón, de 56 años, fue demandado por dos asociaciones de ultraderecha españolas.
Lo acusan de vulnerar una ley de amnistía de 1977 por haberse declarado competente en 2008 para investigar unas 114.000 "desapariciones forzosas" ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75). Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, el mediático magistrado puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el final de su carrera.
El abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, pidió el sobreseimiento del juicio denunciando la falta de "imparcialidad" del juez instructor, Luciano Varela, y considerando que la causa no es válida porque en ella no se querella ningún "perjudicado directo" sino únicamente una "acusación popular".
Tras esta primera sesión, los siete magistrados tienen hasta el 31 de enero para deliberar sobre estas cuestiones. Si las aceptan, el juicio se puede acabar aquí. De lo contrario, las audiencias se reanudarán el próximo martes con la declaración de Garzón, al que seguirán, hasta mediados de febrero, los más de 20 testigos de la defensa, principalmente familiares de las víctimas del franquismo.
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