Por REDACCION
CARACAS, Venezuela, 12 (AFP). - Las reservas de oro de máxima pureza que acumula el Banco Central de Venezuela (BCV) bajaron unas 12 toneladas en seis meses, según el balance divulgado por el emisor al cierre del segundo semestre del 2020.
Frente a las urgentes necesidades de liquidez para enfrentar el desplome de la producción de petróleo y de las sanciones de Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro siguió usando el oro del Banco Central como fuente de financiamiento.
Durante la segunda mitad del año pasado se aceleró el retiro de lingotes de las bóvedas del Banco Central en Caracas y la disponibilidad de oro monetario ahora es de 86 toneladas, la más baja en los últimos 50 años, según las informaciones de los estados financieros de la entidad crediticia.
Sin embargo, el valor de las reservas en oro llegó en diciembre a 5.053 millones de dólares, 60 millones más que en junio de 2020, cuando fueron valoradas en 4.993 millones de esa moneda, debido al alza del precio del metal.
En la primera mitad del 2020 salieron unas siete toneladas de las bóvedas del Banco Central, de acuerdo a los datos del balance. Las reservas cayeron 19 toneladas durante el año y las autoridades no precisaron el destino de los lingotes.
En diciembre de 2019, el Banco Central disponía de 105 toneladas, según los datos oficiales.
El pasado mes de septiembre, el propio régimen iraní confirmó lo que se venía denunciando: la dictadura de Maduro pagó la gasolina de ese país que llegó a Venezuela para hacer frente a la crisis energética con el envío de una buena cantidad de aviones repletos de lingotes de oro.
La extracción ilegal de oro y su posterior contrabando se convirtió en una de las únicas fuentes de financiamiento del régimen de Maduro, con destino a Irán, Turquía, Uganda y los Emiratos Arabes Unidos.
El régimen venezolano fue denunciado por el líder opositor Juan Guaidó, los Estados Unidos y la Unión Europea por el movimiento ilegal del oro y el eventual vaciamiento de las reservas del Banco Central.
OTRO RECLAMO
Por exigir reivindicaciones hay persecución contra la dirigencia sindical en Venezuela e intimidación a la masa laboral de Guayana, llamada zona del hierro, donde están las más grandes empresas de aluminio y siderúrgica, consideradas las más importantes de la región antes de la revolución bolivariana, pero actualmente casi paralizadas.
La denuncia contra el régimen venezolano fue presentada por Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, quien fue detenido a su regreso de una protesta de trabajadores en Caracas.
Al dirigente sindical lo condenó, a cinco años de prisión, el Tribunal Militar Quinto, ratificada por la Corte Marcial, con la excusa de delitos de ultraje a la Fuerza Armada, el 29 de noviembre de 2018, pero logró recuperar su libertad el pasado mes de agosto en el marco de indultos masivos que firmó Maduro.
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