Por Redacción
La Justicia citará a declarar a los ocho sacerdotes que en 2010 enviaron una carta al entonces arzobispo de Paraná, monseñor Mario Maulión, manifestándole su "gran preocupación" por los "abusos cometidos por sacerdotes a menores confiados a su ministerio", en especial "la creciente notoriedad que uno de los casos está teniendo entre la gente de nuestras parroquias: el del padre Justo José Ilarraz, quien fuera formador del Seminario Menor a principios de los 90". Así lo señala la misiva a la que accedió Análisis de la Actualidad, el quincenario paranaense que ventiló el caso que permanece impune.
El cura perpetró los abusos sexuales contra no menos de 50 seminaristas de entre 12 y 14 años entre 1984 y 1992. La Iglesia supo de las violaciones e intervino internamente, apartándolo del seminario, enviándolo al Vaticano durante un tiempo, luego a Córdoba y finalmente a Monteros para ejercer en una parroquia de este pueblo tucumano que no sale de su asombro tras conocer los antecedentes de uno de sus referentes católicos, y que desde el domingo ya tiene reemplazante, el presbítero Abel Peñaloza.
Las autoridades eclesiásticas, pese a que sabían de las aberraciones de Ilarraz, no acudieron a la Justicia y defienden su convicción de que el acusado ya tuvo su debido proceso dentro de la Iglesia misma, tras el cual "no se le prohibió ejercer el sacerdocio" porque "ya fue juzgado por Dios". Así lo afirmó el obispo de la Diócesis Concepción, José María Rossi, quien antepuso las "buenas obras" de Ilarraz a las violaciones.
La intervención judicial se dio entonces y de oficio a partir del informe publicado días atrás por el quincenario paranaense. Lógicamente el testimonio de los ocho sacerdotes que dieron el alerta hace dos años es sumamente valioso y una prueba importante, al igual que el contenido del juicio diocesano iniciado en 1992 por el entonces arzobispo de Paraná, monseñor Estanislao Esteban Karlic, actual cardenal de la Santa Sede.
HABEAS CORPUS
El abogado Jorge Muñoz, apoderado legal de Ilarraz, indicó que el cura "se encuentra en la provincia de Tucumán, pero como tuvo un fuerte impacto todo esto en su persona, prefirió abstraerse y hablar a través de su representante".
El letrado presentó un recurso de hábeas corpus preventivo, con "el fin de resguardar la persona del sacerdote, evitando la situación de condición de peligrosidad procesal". Por otra parte, remarcó estar convencido de que "las denuncias devendrán en nulas".
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