Por REDACCION
Tal como se viene destacando en este medio, son importantes las protestas que se dan a lo largo del país, incluso en Rafaela, por el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional. "Derogar la Ley Nacional del Teatro (24.800), que es fruto de una lucha histórica, representa una afrenta a la trayectoria teatral argentina reconocida mundialmente. Reemplazar el INT por vagas promesas de convertirlo en 'programa' contradice su federalismo y su transparencia de siempre. Si esa vaga promesa se concretara, sería un programa absolutamente discrecional, dependiente del gobierno de turno y de los impuestos generales, de los que ahora no depende", dice el texto distribuido por ARTEI, que afirma que, de aprobarse el proyecto, se concretará "un retroceso cultural de más de 25 años".
Esta semana en el Congreso compareció el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien aseguró que el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes "pasarán a ser programas activos bajo la órbita de la Secretaría", y se conservará "la promoción y el desarrollo de actividades".
Leonardo Cifelli: "Se conservará la promoción y el desarrollo de actividades".
"Querer eliminar al INT constituye un ataque injustificado a la cultura nacional, a nuestra identidad y al desarrollo descentralizado que el teatro independiente ha construido. Le pedimos a nuestros legisladores que no lo permitan", respondió el comunicado de ARTEI.
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo postula la derogación de la ley 24.800, de 1997, que regula la actividad teatral y garantiza "el apoyo del Estado".
La norma, de fomento y financiamiento de la actividad teatral con fondos del área de Cultura, creó el Instituto Nacional del Teatro, que desaparece en el nuevo texto postulado.
De acuerdo al proyecto a debatirse, "se procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo".
También el proyecto de ley del Poder Ejecutivo avanza sobre el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto Nacional de la Música, creado en 2012 a través de la ley 26.801.
En ambos casos el proyecto propone la supresión del financiamiento fijo derivado de la carga impositiva prevista en el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Télam
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