Por Redacción
"Las organizaciones entrerrianas que conforman la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito seguimos sosteniendo nuestro compromiso con la lucha militante a favor de los derechos de las mujeres". En tal sentido, difundieron la siguiente declaración:
"El caso de la niña violada y embarazada en General Campos pone de manifiesto la urgente necesidad de debatir adulta y democráticamente la despenalización y legalización del aborto en la Argentina como un modo de garantizar los derechos humanos de las humanas que actualmente están, como este caso lo muestra, en severo riesgo. Sostenemos que la penalización actual del aborto en la Argentina no sólo no resuelve la realidad del problema, sino que lo agrava y que también opera en contra del derecho universal a la salud integral del mejor nivel posible, el respeto de las leyes y derechos ya conseguidos.
"Denunciamos el grave incumplimiento de la Guía Nacional para la Atención Integral de casos de Abortos no Punibles y del Código Penal de la Nación en su artículo Nº 86 por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos y de la Justicia de Concordia, que sólo han logrado anteponer miradas personales, biologicistas, fundamentalistas y misóginas al pleno cumplimiento de derechos.
"Hacemos público que las autoridades del Ministerio de Salud estuvieron ausentes del proceso, y que cuando el Ministro de Salud Hugo Cettour rompió el silencio sólo lo hizo en perjuicio de los Derechos de la Niña y se su Interés Superior, al igual que el Juez Tomaselli, que pese a tener reiteradas entrevistas con la niña y su madre, parece no haberlas oído nunca.
"Repudiamos las prácticas obsoletas e hipócritas utilizadas por los sectores más rancios del gobierno y la Iglesia católica que condenan la vida y la libertad de las mujeres. La familia de la niña violada en Entre Ríos ha retirado el pedido de aborto no punible para su hija, hecho que tiene su fundamento en la vulnerabilidad social de la niña y su entorno y que ha sido instigado por varios sectores del poder político y eclesiástico, lo que la sigue colocando como objeto de violencia material y simbólica del clientelismo que la viola otra vez, siendo la expresión más misógina de la sociedad.
"Este tipo de «resolución» de temas tan delicados, es paternalista; propia de un Estado que se relaciona no con criterios de Derecho sino otorgando prebendas de carácter disciplinador.
"La consigna integral que nos une, «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir» sintetiza las estrategias que como políticas de estado reducirían la injusticia, la desigualdad y ampliarían los derechos de las mujeres, precisamente porque disminuirían los abortos y prácticamente se erradican las muertes de las mujeres y sus sufrimientos en la riesgosa clandestinidad".
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