Por Redacción
MADRID (España) (AICA). - La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo en España cumplió su primer año en vigor hace unos días.
Mientras la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) sostiene que el número de abortos descendió y que sólo entre un 4 y un 5% de las menores de edad que acuden a abortar lo hacen sin sus padres o tutores, la Fundación Red Madre, tiene otras cifras y otras perspectivas.
La portavoz de la fundación, Esperanza Puente, en declaraciones a Europa Press manifestó que los abortos “aumentaron un 30%” y se nota un repunte en los embarazos no deseados, que atribuye a una mayor “frivolización de la sexualidad”. Además, denuncia que la situación es “especialmente grave” entre las menores de 16 años, porque “los propios padres las obligan a abortar”.
En una rueda de prensa, la representante de Red Madre declaró que “de parte de la Administración General del Estado no se ve un apoyo decidido a la maternidad” durante este año y sí una mayor facilidad para interrumpir el embarazo ante sospechas mínimas. Según afirma, se suceden casos de recomendación médica de aborto ante malformaciones del feto que luego no llegan a ser tales.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), Santiago Barambio, asegura que el número de abortos disminuyó desde 2008, pero no por la entrada en vigor de la nueva ley, sino porque bajó el número de mujeres inmigrantes que llegaron a España entre 2009 y este año.
Barambio asegura que sólo “entre un 4 y un 5%” de las mujeres que abortaron con la nueva ley fueron adolescentes de 16 a 17 años, de las que “entre el 85 y el 90%” acudieron a la clínica acompañadas por sus padres. “Sólo entre un 5 y un 10% se amparó en el derecho de no comunicar a sus padres que iban a abortar y fueron casos claros, que no plantearon ningún conflicto”, acota.
OPINION DE LOS DIPUTADOS
Desde el Congreso, el portavoz de la asociación de diputados Familia y Dignidad Humana, Ángel Pintado, cree que esta es una “triste fecha” porque, a su juicio, la ley dio “rango de derecho a una aberración”. En su opinión, es tan necesaria una reflexión sobre aborto y valores fundamentales como un cambio cultural que “garantice a la mujer sus derechos como madre”, porque “las condiciones de verdadera libertad se traducen en un reconocimiento social de la maternidad”.
Considera también que se necesitan “más esfuerzos para dignificar la vida y para explicar la grave trascendencia de la decisión que conlleva eliminar una vida humana” ya que “con la ley en vigor, un año después la situación es peor en la medida en que la protección de la vida no está en el foco de la actualidad y lo que aún es más grave, está fuera de la agenda política”.
Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Montón, destacó que “se demostró que no fue la catástrofe que la derecha preveía” aunque apuntó que el tiempo dirá “si hay que ajustar alguna cuestión”. En todo caso, considera que la norma “es fruto de un gran consenso donde el Partido Popular se quiso quedar fuera” y critica su promesa de derogarla porque opina que es una muestra de “hipocresía” y de “falta de coherencia”.
PROTESTAS EN ESPAÑA
El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, considera que el primer “efecto negativo” de esta ley fue el “aumento considerable” del número de abortos en adolescentes que, según denuncia, “se ven privadas, por culpa de esta norma, de asesoramiento a la hora de tomar una decisión tan grave como es la de abortar”.
Blanco lamenta “profundamente” que el Tribunal Constitucional continúe sin dictar una sentencia sobre el recurso presentado por el Partido Popular habiendo en su opinión, “fundamentos muy razonables” de inconstitucionalidad. “La ley fue un inmenso error que está haciendo mucho daño a las mujeres y al derecho a la vida y pido al Tribunal constitucional que decida cuanto antes y la expulse del ordenamiento jurídico”, señaló.
Otras organizaciones convocaron protestas por toda España para expresar en la calle su disconformidad con la nueva ley. Así lo hizo Derecho a Vivir, plataforma que promovió hasta 86 actos en cerca de medio centenar de provincias y una veintena en el extranjero en coincidencia con el primer aniversario de la norma y para exigir su derogación.
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