Por REDACCION
Un Congreso que hizo muy poco este año, en gran medida por la falta de los necesarios acuerdos por tratarse de ámbitos donde el consenso es indispensable, transita los últimos días del calendario legislativo y advierte ciertas urgencias que trata de subsanar contrarreloj. Algo así como esas personas que por una razón u otra pospusieron múltiples tareas para "más adelante" y de repente caen en la cuenta que el año se termina sin que hayan realizado esas acciones pendientes por lo que entran en una etapa de desesperación por tratar de cumplir.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la Nación se paralizaron durante buena parte del año legislativo a raíz de las elecciones, primero las provinciales pero básicamente las nacionales del segundo semestre. Lo que sucede es que en el primer semestre, senadores o diputados hacían sus apuestas para ganarse un lugar en las listas de candidatos y esa rosca política enfrío el debate parlamentario. Más allá que trabajaron poco y nada en la producción de leyes, los legisladores como trabajadores que son nunca dejaron de percibir sus salarios, generosos por cierto.
Uno de los proyectos que de alguna manera están en la columna de damnificados por la inacción en el ámbito legislativo es el denominado de "ficha limpia", que apunta a que aquellas personas condenadas judicialmente en segunda instancia por delitos de corrupción no puedan presentarse a cargos electivos. Un iluminado diputado alertó que la iniciativa perderá estado parlamentario a fin de este mes y por tanto se intentó, desde Cambiemos y con la suma de otros espacios, darle tratamiento en la Cámara de Diputados durante una sesión especialmente convocada el jueves pasado, pero lamentablemente no reunión el quórum suficiente. El oficialismo alineó a su tropa y junto a un puñado de opositores logró sentar a 101 legisladores en las bancas, una cifra lejana a los 129 que hubiera requerido para habilitar la sesión, que de todos modos se desarrolló con expresiones en minoría.
Entre los legisladores de la oposición se hizo presente Marco Lavagna, que este domingo fue confirmado como futuro director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), una decisión adoptada por el presidente electo, Alberto Fernández, para garantizar la autonomía del organismo de las estadísticas y alejar cualquier intento de intervención o manipulación de datos tal como se acostumbraba hasta el 2015.
Ficha limpia, que busca modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298), es empujada por un conjunto de ONG ´s que el martes pasado presentaron en el Congreso un petitorio con cerca de 311.000 firmas recolectadas a través del sitio Change.org con el objetivo de que la iniciativa pueda votarse antes del 30 de noviembre cuando el dictamen perderá estado parlamentario. Más allá de este intento en el final del período de sesiones del Congreso, todo indica que el dictamen, obtenido en 2017, caerá.
Durante el espacio destinado a las expresiones en minoría, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, señaló que "hoy en día", para que un ciudadano quede inhabilitado a ejercer cargos electivos, hay que aguardar a que haya una sentencia firme, generalmente con la intervención de la Corte Suprema, y lamentó que todo el trámite suele demorar "décadas". Para justificar la necesidad de la ley de "ficha limpia", el diputado del PRO recordó que un proyecto aprobado a instancias del Gobierno kirchnerista logró que personas procesadas por delitos de lesa humanidad queden excluidas de la posibilidad de ser candidatos, con lo cual concluyó que la presunción de inocencia que suele invocarse para objetar este tipo de iniciativas no es absoluta ni rígida sino que "admite excepciones".
Con claridad, Tonelli planteó que si se lograra aprobar el proyecto de ficha limpia se daría un gran paso en la lucha contra la corrupción a la vez que recordó que a la administración pública no se puede ingresar si se está procesado por delitos dolosos. Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli dijo que "es hora de que quienes ejercemos cargos políticos demostremos que somos capaces de autoexigirnos parámetros de conducta que impidan transformar esta casa en un refugio de aquellos que debiendo dar cuenta de sus actos ante la Justicia utilizan ésta para ampararse en fueros". No se podría haber dicho mejor, aunque es justo remarcar que el reclamo también proviene de la sociedad y de esos más de 300 mil firmantes del pedido.
En la misma línea, el titular del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri, señaló que esta ley no es"en contra de alguien sino que simplemente persigue que la moral administrativa en democracia y el ejercicio de cargos públicos sea absolutamente incompatible con la corrupción.
Nadie puede objetar estas palabras pero, de todos modos, el país se quedó sin la oportunidad de avanzar hacia un sistema de mayor transparencia y de mejoras sus defensas contra la corrupción.
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