Por REDACCION
La decisión de romper dos páginas de un diario nacional durante una conferencia de prensa por considerar que publicaba "mentiras" es un acto muy grave si es que el autor del hecho es nada menos que el jefe del Gabinete de Ministros del Gobierno nacional. La carga simbólica del episodio es dañina para una democracia que acaba de sufrir la muerte de un fiscal federal que denunció a la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por un supuesto encubrimiento de los terroristas que volaron en 1994 la AMIA, causando 85 muertos y más de 200 heridos. Y que además exhibe, casi diariamente una reprimenda oficial contra los medios, que no es otra cosa que una forma de establecer límites a la libertad de expresión, aunque en el discurso oficial se destaque una plena vigencia de ese derecho fundamental para cualquier república.
El principio de este nuevo capítulo que pone en el centro de las polémicas -una vez más- a Capitanich fue una publicación exclusiva de diario Clarín, en su edición dominical, en el que reveló que el fiscal Alberto Nisman pensó en solicitar la detención de la Presidenta Kirchner en el marco del supuesto plan coordinado con Irán para que los acusados de poner el cochebomba en la AMIA eludan la acción de la Justicia argentina, firmando para ello un Memorándum de Entendimiento. Así figuran en un borrador del fiscal que apareció muerto apenas cinco días después de haber oficializado su denuncia contra la Presidenta y el canciller Héctor Timerman, entre otros.
Capitanich, el lunes, rompió las dos hojas del diario mientras ese mismo día hubo un comunicado oficial emitido desde el Ministerio Público de la Nación, que está a cargo de la procuradora Alejandra Gils Carbó, en el que se negaba la existencia de un borrador que el fallecido fiscal había arrojado en el tacho de basura de su casa y en el que figuraba el pedido de detención de la Presidenta.
En tanto, ayer la fiscal Viviana Fein, a cargo de la investigación de la muerte de Nisman, admitió que los borradores de la denuncia por "encubrimiento" efectuada por el fallecido fiscal en los que solicitaba la detención de Cristina Fernández de Kirchner "están incorporados" en la causa. Además, asumió su "error" por el comunicado del día anterior en el que se negó la existencia de esa documentación y lo adjudicó a un "malentendido", aunque quedaron sospechas sobre si Gils Carbó intervino para darle forma a ese comunicado.
A pesar de la rectificación de Fein, ayer Capitanich ni siquiera se disculpó por romper dos hojas de un diario y tampoco se rectificó sobre la veracidad de la información que había desmentido. Se mantuvo en su posición y calificó la información de Clarín como "basura pura y sistemática". Una vez más quedó descolocado, sin capacidad de reacción y manteniendo una posición de capricho político muy peligrosa teniendo en cuenta que es uno de los funcionarios más importantes del Gobierno nacional.
Mientras tanto, numerosas condenas a esta actitud antidemocrática surgieron en forma espontánea. En esta lista, se destaca a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que condenó enfáticamente el acto de agresión del jefe de Gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien rompió páginas del diario Clarín en rechazo a artículos publicados por tres periodistas de ese medio.
En este sentido, Gustavo Mohme, quien está al frente de esta entidad que nuclea a 1.300 publicaciones -además, director del diario La República de Perú- lamentó que "el Gobierno de la Presidenta involucre a la prensa dentro de una supuesta 'confrontación política', descalificando a los medios como opositores políticos, en lugar de considerarlos un instrumento fiscalizador del poder público como ocurre en sociedades democráticas".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda, de Uruguay, expresó que "es una desgracia que la Presidenta y sus más directos colaboradores caigan en la detestable práctica que desarrolla con frecuencia y entusiasmo el presidente Rafael Correa, de Ecuador, uno de los peores predadores de la libertad de expresión en las Américas".
Mohme y Paolillo indicaron que este acto de irrespeto a la prensa "no puede ser tomado a la ligera, cuando en Argentina lamentablemente los periodistas han estado expuestos a otras acciones gubernamentales que afectan la libertad de prensa, como casos de espionaje contra medios, juicios simbólicos en contra de periodistas y actos de violencia".
Defender las banderas de la libertad de expresión desde el Gobierno pero a la vez romper hojas de un diario es un hecho absolutamente contradictorio. Empeora la situación que después de que la Procuración respalde la veracidad de la publicación periodística no exista ni la más mínima rectificación. Constituye una práctica que nada bien le hace a las instituciones de la democracia, las cuales aún buscan recuperarse de la muerte del fiscal que acusó a la Presidenta.
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