Techo al gasto

Se trata de un anuncio no sólo interesante, sino muy importante, pues controlar -para luego ir reduciendo- el gasto público que se ha ido desmadrando en la última década hasta niveles que resultan hoy insostenibles, es una medida indispensable si alguna vez existe la firmeza de llevar adelante un reordenamiento total de las cuentas públicas. Fue el presidente Mauricio Macri, quien días atrás dispuso que el presupuesto nacional de 2018 tenga un techo para la suba del gasto público fijado en el 15%, que es igual a la inflación que se aguarda para el año que viene.

Claro que todo esto son cálculos y estimaciones previas que luego no se cumplen o sólo se lo hace en partes, sin la integralidad necesaria para comenzar a establecer un orden que se ha perdido poco menos que totalmente, y que viene con un largo arrastre, con todas las consecuencias que están a la vista, siendo la inflación el principal y mayor flagelo que se ha instalado en la economía para mantenerla en constante estado de postración.

El anuncio entonces es bueno, pero de ahí a que se cumpla efectivamente existe una distancia muy grande, ya que hemos pasado por tantas frustraciones de este tipo, que bien cabe en estos casos aquella vieja sentencia de "ver para creer".

El proyecto del presupuesto del año que viene , con exactitud, prevé una suba del gasto público primario del 15,7% que es equivalente a la inflación promedio esperada para ese período, por lo cual la intención supuesta es mantener equilibrio en términos constantes con el nivel de gastos de este año. Queda claro, que todo esto está por verse, confiando en que de una buena vez se comience a cumplir con lo dicho, ya que los presupuestos rara vez llegan a cumplirse tal lo previsto, ya que de acuerdo a las circunstancias imprevistas van acomodándose según sean los requerimientos, y así nos va luego, con estos pronunciados déficit que hacen estragos en la economía, tornándola imprevisible.

De acuerdo al bosquejo del presupuesto que deberá ser analizado por las cámaras legislativas, el gasto total pasaría de los 2.160.000 millones de este año a 2.500.000 millones el correspondiente a 2018, monto que incluye  la suma de gastos corrientes, incluyendo por lo tanto salarios e insumos para la administración y obras públicas, excluyendo los intereses de la deuda. 

Este techo prometido es positivo pues incorpora al Estado entre aquellos que deben hacer un recorte de sus gastos, no sólo al sector privado como se vino haciendo todos los últimos años, cuando este último debía hacer ingentes esfuerzos -hoy casi imposible de cumplir- para sostener a un área pública cada vez más dilapidadora de recursos. La exigencia sobre el Estado el año que viene es que deberá ajustarse para cumplir con la meta de 3,2% del PBI en el rojo fiscal, siempre -se debe recordar- sin el pago de los servicios de deuda.

Este planteo está fijado para obtener resultados positivos en el corte plazo, pues de crecer la economía y manteniendo el gasto contenido -es decir que no suba más que la inflación-, su impacto sobre el PBI podría estar reduciéndose a razón a un punto por años, con lo cual en tres años se estaría en la meta fijada.

La idea central para constreñir gastos el año que viene está fijada que algunas áreas concreten esa meta de 15,7% -caso de la ANSES por ejemplo-, en tanto que otras lo hagan por debajo, como Energía y Transporte, para que ambos vayan dependiendo cada vez menos de los recursos públicos.

Voceros de la Rosada sostuvieron sobre esta iniciativa de ponerle un techo del 15,7% a la suba del gasto público "es dura y exigente", porque lo que se pretende "es bajar el déficit fiscal e incrementar las jubilaciones al mismo tiempo", explicándose que si la mitad del gasto que suponen jubilaciones y planes sociales se ajustara a la inflación del 22% del año en curso, todo el resto de las erogaciones debería congelarse.

De todos modos, esta aspiración del gobierno es todavía demasiado leve, ya que el gasto es tan elevado, al estar este año en los 7 puntos del PBI, que el esfuerzo debe ser mucho mayor, si bien prevalece la idea de ir solucionando gradualmente el desequilibro existente entre ingresos y egresos, ya que de lo contrario significaría provocar un ahondamiento de la crisis social.