Por REDACCION
El problema originado por el desmesurado aumento que tuvo la energía eléctrica en nuestra provincia, aún habiéndose realizado numerosas expresiones de rechazo por parte de los afectados, es decir, tanto clientes domiciliarios como de pequeñas, medianas y grandes empresas, como así también de organizaciones intermedias que los representan, y dando lugar a encuentros con autoridades que trataron sin éxito de explicar la decisión -responsabilizando al gobierno nacional y dejando firme la determinación de los aumentos-, lejos está de ofrecer alguna perspectiva para resolverse.
Es que la situación es clara, al menos de las posiciones que se sostienen desde ambos extremos. La EPE sostiene como argumento central la suba que recibió de parte de la mayorista nacional Camesa, además de las inversiones que debe realizar, la gran infraestructura que necesita por la extensa geografía de la provincia, entre otros argumentos, mientras que la gente -involucrando a la mayoría de clientes- además de exposiciones individuales sobre los aumentos recibidos, confluye en muchos casos en un sostén casi irrebatible: no alcanza el dinero para pagar -rechazando además la solución de cuotas, que no haría otra cosa que amontonar una todavía más enorme deuda hacia adelante-, por lo cual en numerosos casos queda la acuciante alternativa de tener luz o alimentarse. Una opción sobre la cual no hay dudas, que urge además profundizar la búsqueda de una salida razonable, que no provoque la desarticulación de la EPE pero tampoco que muchos santafesinos se queden a oscuras.
En Rafaela se han venido reiterando movilizaciones de parte de los afectados, al igual que en muchos otros lugares de la provincia en los cuales los afectados se pronunciaron de igual forma, con mucha energía y reclamando la implementación de la emergencia eléctrica en Santa Fe, habida cuenta de lo que está sucediendo y cuya solución todavía no aparece. El Concejo Municipal viene ocupándose del tema desde hace un tiempo e incluso cuenta con algunos proyectos en tal sentido, aunque sabido es que el mismo no tiene autoridad de aplicación, sino interpretar el reclamo de los vecinos para trasladarlo a los ámbitos que corresponden. Una de esas expresiones de reclamo tuvo lugar el jueves pasado en el mismo recinto de sesiones, cuya intensidad puso de relieve cuáles son las consecuencias acuciantes que viven muchas familias rafaelinas, casi en el desamparo.
Producto de la toma del sentir de los rafaelinos, y como demostración clara de la adhesión que ofrece el Concejo Municipal en la interpretación del reclamo, el miércoles de esta semana el cuerpo realizará una deliberación desde las 14, al aire libre, frente a las instalaciones de la EPE en bulevar Santa Fe, como manera más gráfica y expresiva de demostrar la demanda de la gente.
Donde se está viviendo una situación muy especial por este problema es en la ciudad de San Cristóbal, habiendo tomado intervención la Justicia por intermedio de la jueza en lo civil y comercial Graciela Gustcher, quien aceptó un recurso preventivo de parte de tres comerciantes de esa localidad, enmarcado en la Ley 10.000 sobre protección de intereses difusos. Es que en muchos casos, según se ha comprobado con la comparación de facturas a igual consumo de kilovatios, los aumentos llegaron a superar el 100%, por lo cual la magistrada dispuso la suspensión del pago de las facturas con incrementos superiores al 75% interanual hasta tanto la prestataria dé explicaciones y se expida un dictamen.
De acuerdo con algunas explicaciones que se dieron en tal sentido, el recurrir directamente a la Justicia, fue para eliminar tiempos burocráticos cuando el accionar se canaliza por medio de las autoridades, entidades y fuerzas políticas, las que de todo modo se encuentran plenamente consustanciadas con el problema, que ha generado -como en todo el resto- una verdadera conmoción social.
El problema lejos está de resolverse, aunque deberán instrumentarse otras salidas que las propuestas hasta ahora, pues con pequeñas reducciones porcentuales, posibilidad de cuotas y otras propuestas por el estilo, el umbral de un acuerdo razonable parece estar lejos de ser traspuesto.
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