Subsidios para todos

La política de subsidios del Gobierno siempre fue materia de discusión. Para algunos especialistas es positiva ya que al contener aumentos tarifarios favorece a la sociedad y, fundamentalmente, a las clases sociales más vulnerables. Para otros es negativa porque aumenta de forma desmedida el gasto público, comprometiendo la estabilidad financiera del Estado, y es una bomba de tiempo ya que lo único que hace es frenar las subas, que luego se aplican de una manera más radical, menos escalonada.

Lo concreto es que, más allá del debate, a la administración de Cristina Kirchner casi ni se le ocurre modificar el “status quo”, algo que deja más que claro las cifras que se manejan en torno al tema.

Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el Gobierno alcanzó un récord de 115.000 millones de pesos en subsidios otorgados en 2010, y se estima que este año esa cifra sería superada.

Actualmente el Estado destina sólo cuatro de cada diez pesos en subsidios a las personas en forma directa y el otro 60 por ciento lo canaliza a través de empresas públicas y privadas. El 60 por ciento no fueron asignados directamente a los contribuyentes sino que se administraron a través de intermediarios, como empresas públicas, privadas y ONGs.

Como se mencionó anteriormente, una de las particularidades de la gestión estatal de los últimos tiempos es el aumento del gasto público, liderado por el fuerte crecimiento de los subsidios. A través de los denominados subsidios económicos se transfieren recursos fiscales a empresas públicas y privadas con el objetivo de hacer sostenible el control de precios o la prestación de algún servicio considerados estratégicos.

Los subsidios sociales tienen, en teoría, una finalidad redistributiva: apoyan a las personas en estado de vulnerabilidad a través de intermediarios como la Fundación Madres de Plaza de Mayo, hoy tan en boga por el escándalo que tiene a Sergio Schoklender como principal protagonista en el marco de una investigación por presunta defraudación con fondos públicos.

Otros subsidios, en cambio, se instrumentan a través de transferencias que van directamente a un beneficiario, como la Asignación por Hijo, las moratorias previsionales o las pensiones no contributivas.

Según datos del Ministerio de Economía, en 2010 el Estado Nacional otorgó aproximadamente 115.000 millones de pesos en concepto de subsidios. Sólo el 40 por ciento (unos 46.000 millones) de estos recursos fueron destinados de manera directa a personas. El 28 por ciento (unos 32.000 millones de pesos) fueron subsidios económicos a empresas privadas para compensar por controles de precios u otro tipo de regulaciones. El 14 por ciento (unos 16.000 millones de pesos) fueron subsidios económicos a empresas públicas para financiar sus déficits operativos. El restante 18 por ciento (unos 20.000 millones) fueron subsidios sociales canalizados a intermediarios, fundamentalmente a ONG para mediar entre el Estado y la población en estado de vulnerabilidad.

Si bien el informe del IDESA estima que en 2011 el monto de subsidios será mayor al del presente año, algunos analistas consideran que esto podría no ser así. El argumento es que en 2012 el Gobierno tendrá problemas para hacerse de dólares frescos en un contexto en el que deberá afrontar varios pagos. Por eso está intentando apurar un acuerdo con el Club de París, para poder salir a tomar deuda en el mercado internacional.

Con menos reservas disponibles en el Banco Central y algunas obligaciones no menores, la administración kirchnerista podría apelar nuevamente a la caja de la ANSES, pero allí podría obtener pesos y no dólares. Y apuntar a los encajes de los depósitos en dólares que los bancos tienen retenidos en el Central no parece la mejor opción.

En este marco es que desde un sector del mercado se entiende como probable una posible poda de los fondos públicos destinados a subsidios. Cabe precisar que las áreas vinculadas a electricidad y transporte podrían recibir este año la friolera de 60.000 millones de pesos.

Más allá de esto, frenar la insostenible bola de nieve de los subsidios y permitir los ajustes tarifarios, arriesgándose a tener un costo político en pleno año de elecciones ejecutivas, no parece ser a priori el camino que elegirá la gestión de Cristina Kirchner. En todo caso, será un desafío, o una carga, para el próximo Gobierno. Y también para el país.