Por REDACCION
Inevitablemente, la agenda global cuenta entre sus principales temas la cuestión de las migraciones, del que derivan subtemas ligados por ejemplo a la seguridad como lo muestra el creciente debate que se da en la Argentina en torno a los extranjeros que delinquen. Una jueza que resuelve liberar tras el pago de una modesta multa a un ladrón colombiano quedó en el centro de la escena por esta benevolente medida judicial. Nuevas disposiciones en la materia adoptadas por gobiernos provinciales dispararon las alertas de distintas organizaciones sociales, como es el caso de Amnistía Internacional Argentina, que esta semana manifestó su preocupación ante lo que considera un retroceso de las políticas migratorias en el país.
En este sentido, la entidad advierte que en la última semana las provincias de Jujuy y Chubut endurecieron sus políticas migratorias y adoptaron normativas que violan la igualdad de derechos y la no discriminación de la población migrante. En Jujuy, una nueva ley determina el cobro de los servicios de salud a los migrantes que se establezcan allí de manera transitoria. En Chubut, el gobierno firmó un decreto que prevé la expulsión de todas las personas migrantes que tengan antecedentes penales.
Para Amnistía, estos cambios normativos se dan en un marco de enorme retroceso en las políticas migratorias que se vienen llevando a cabo en el país y que restringen considerablemente los derechos de las personas migrantes, como la modificación a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la ley Nacional de Migraciones en 2017. Estas decisiones se basan frecuentemente en información falsa o distorsionada que busca asociar migración con criminalidad y encuentra respaldo en los discursos discriminatorios de algunas autoridades públicas.
Según la organización, este giro preocupante en la política migratoria argentina ha derivado en casos extremos que incluyen la separación de niñas y niños de sus familias. Tal es el caso de la expulsión, el lunes 4 de febrero, de la ciudadana peruana Vanessa Gómez Cueva junto a su hijo argentino de dos años. Al dar detalles de esta situación puntual, explica que Vanessa fue obligada a dejar el país donde vivió por más de 15 años, sin haberse podido despedir de sus dos otros hijos, también argentinos, de 5 y 14 años. Agrega que su trámite de expulsión tuvo inicio en 2015, luego de haber cumplido una sentencia en una causa por comercio de estupefacientes. Tras cumplir la condena buscó reinsertarse en la Argentina y se recibió de enfermera en un terciario. Pese a los diversos recursos presentados por su defensa, el 1 de febrero la policía fue a su domicilio con la excusa de que tenía que acompañar a los agentes para “firmar una notificación”. Vanessa llevó a su hijo menor de 2 años y dejó a los otros dos en casa. Fue trasladada a una celda sin luz ni agua y de ahí directo al Aeropuerto de Ezeiza. El lunes 4 a la tarde fue expulsada del país junto a su hijo menor y no sabe cuándo volverá a ver sus hijos más grandes, relata en detalle Amnistía.
Ante este panorama, un grupo de organizaciones envió una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre estos hechos. El texto enviado señala que estas medidas no sólo son contrarias a la Constitución Nacional y a Ley Nacional de Migraciones sino también incumplen las obligaciones internacionales del Estado y debilitan los derechos de las personas migrantes.
Al mismo tiempo, Amnistía destaca la necesidad de que el Estado argentino derogue el DNU 70/2017 y disponga las medidas administrativas y políticas necesarias para que en nuestro país se garantice la igualdad de derechos para las personas migrantes, el derecho a la vida familiar, la unidad familiar y el interés superior del niño. Justifica este pedido en que los discursos que asocian a la migración con la delincuencia o que buscan justificar los déficits de los sistemas de salud por la presencia de extranjeros no hacen más que diseminar falsedades, reafirmar prejuicios, incentivar la violencia y la discriminación y construir una sociedad con menos derechos para todas las personas.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) aborda la problemática de las migraciones. En este contexto, puntualiza que desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales.
En la actualidad, consigna la ONU, una gran cantidad de personas vive en un país distinto de aquel donde nacieron, el mayor número hasta ahora. En 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones, frente a los 173 millones de 2000. Aproximadamente, hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos.
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