Por REDACCION
El debate en torno a la inseguridad, quizás la problemática que más preocupa a los argentinos, es de una enorme complejidad. Se inicia en cuestiones filosóficas, atraviesa el sistema de valores humanos y libertades básicas hasta llegar a lo puramente pragmático, que comprende entre otras aristas la tarea de prevención y represión que está a cargo de la Policía, el papel de la Justicia y posteriormente el servicio penitenciario.
Como sucede con los asuntos de la economía y la crisis actual, la seguridad ocupa el centro de la discusión entre todos los candidatos sin distinguir nivel de Estado, es decir nadie quien aspire a ser presidente, gobernador o intendente puede eludir del debate más allá de las distintas realidades y los matices.
Así, mientras algunos plantean la necesidad de endurecer las penas contra los delincuentes, principalmente aquellos autores de delitos graves, otros mantienen una perspectiva garantista. En este sentido, el candidato del gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Roberto Carlés, consideró que "la pena perpetua es inhumana" por tanto "tendría que ser abolida". Sus declaraciones fueron publicadas en un medio italiano en coincidencia a una visita que efectuó al Papa Francisco, a fines de la semana pasada.
Desde una posición más dura, el candidato presidencial Sergio Massa salió a diferenciarse rápidamente al sostener que "inhumanas son las violaciones, inhumano es que maten a una chica a martillazos para robarle el celular, inhumano es el que envenena a los chicos con la droga, eso es lo realmente humano". Más aún, sostuvo que "la Argentina necesita jueces que apliquen la ley con firmeza y no tengan miedo a ser firmes con las condenas". Y agregó que "la sanción o condena es la respuesta del Estado a quien rompe el contrato social y vive al margen de la ley".
Indudablemente que una aplicación rígida de la legislación penal podría aumentar la cantidad de condenados en función de los actuales niveles de inseguridad. ¿Y cuáles son las condiciones de detención de los presos alojados en las unidades penitenciarias? ¿Son dignas?
Recientemente el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, deslizó durante una reunión con la comisión -conformada por jueces, representantes del Ministerio Público Fiscal y de ONGs- que evalúa las cuestiones carcelarias que el Gobierno prepara un proyecto para rediseñar las penas carcelarias y de ese modo aumentar la cantidad de reclusos que cumplen su condena en sus domicilios.
Según publicó el diario Ambito Financiero, el titular de la cartera de Justicia asisten periódicamente a estos encuentros en los que se pone sobre la mesa las graves deficiencias en la administración del Servicio Penitenciario Federal y en los procedimientos que tienen lugar en la Justicia de Ejecución Penal. Al respecto, la alternativa de reubicar a los presos en sus domicilios, para lo cual sería requisito necesario adoptar en forma definitiva el sistema de pulseras electrónicas, descomprimiría la superpoblación carcelaria.
El Código Penal otorgaba el beneficio de prisión domiciliaria a los mayores de 70 años y a los enfermos terminales. Pero desde fines de 2008, a partir de una ley aprobada en el Congreso, se amplió a las mujeres embarazadas, madres de menores o de personas discapacitadas, los enfermos cuyo tratamiento no permita su reclusión y los presos discapacitados.
Los integrantes de la comisión mencionada suelen realizar visitas sorpresivas a establecimientos carcelarios para observar las condiciones de detención que existen en su interior. De acuerdo al artículo, la crisis carcelaria es más profunda en el interior del país donde, inclusive, magistrados de diversos distritos amenazan al poder político exigir la clausura de las cárceles por sus precarias condiciones estructurales.
En Rafaela, los integrantes de la Cámara de Apelación en lo Penal y magistrados ligados a la justicia penal solían realizar periódicamente visitas a la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía para evaluar las condiciones de detención las personas detenidas por su presunta responsabilidad en diversos delitos, pero que no fueron condenadas. Recientemente un defensor del Servicio Público de la Defensa Penal reclamó a un juez una serie de mejoras para un joven detenido en la Jefatura ligado a la comisión de cuatro delitos.
En este contexto es en el que surge como opción consolidar la herramienta de prisión domiciliaria, un proyecto que el Ministerio de Justicia de la Nación podría presentar en el mediano plazo pero que en principio alcanzaría a quienes están presos en penitenciarías federales.
Por ahora, las organizaciones de la sociedad civil suelen coincidir en sus denuncias, en las que dejan en claro el incumplimiento del artículo 18 de la Constitución Nacional en el que se exige que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas".
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