Por REDACCION
El retraso en materia de inversión en obras de infraestructura, como rutas, gasoductos, ferrocarriles y escuelas por citar ejemplos concretos es una constante en la historia de la Argentina. Pagar los servicios de la deuda, sostener los déficits de empresas públicas y el esquema de subsidios exigen una importante cantidad de recursos que restan capacidades para encarar un programa de obra pública, a lo que se suma la imposibilidad de tomar deuda a tasas bajas debido a que el país no es confiable como sujeto crediticio por sus recurrentes problemas económicos y políticos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribel (CEPAL) divulgó esta semana un informe que pone el foco del análisis en la política de inversión en obra pública implementada por varios países de la región. Rápidamente encuentra que todos están en deuda, en mayor o menor medida. Afirma que los países de la región, entre ellos la Argentina, deberían invertir 6,2% anual de su Producto Interno Bruto (PIB), que alcanza unos 320.000 millones de dólares, para satisfacer sus demandas de infraestructura en el período 2012-2020, según nuevas estimaciones.
El estudio del organismo de las Naciones Unidas preparado por la Unidad de Servicios de Infraestructura de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, presenta "la base de datos de inversiones en infraestructura económica en América Latina y el Caribe durante el período 1980-2012, que recoge y sistematiza las cifras por países según su origen (público o privado) y entrega una actualización de los requerimientos de inversión anual en los cuatro principales sectores de infraestructura económica: transporte, energía, telecomunicaciones y agua y saneamiento, para dar respuesta a las necesidades que surgirán de las empresas y consumidores finales de la región en el período mencionado".
El reporte indica que "la cifra de 6,2% del PIB resulta de aplicar la trayectoria de la inversión a las necesidades esperadas de infraestructura y asume una repetición del patrón histórico de inversiones de los países" por lo que aclara que "representa una aproximación, y no una recomendación taxativa".
Según la CEPAL, el promedio de 2,7% del PIB de la inversión en infraestructura registrada en la última década "muestra que la región no está invirtiendo lo suficiente", al tiempo que considera que "una adecuada respuesta a los requerimientos en este campo es clave para la inserción regional en la economía global en el siglo XXI y para la calidad de vida de sus habitantes".
El documento "revela una tendencia al incremento de la inversión en los cuatro sectores de infraestructura económica antes mencionados durante el período 2003-2012" en tanto que remarca que "el sector transporte concentra los mayores montos de inversión desde 2005, seguido por el de energía, telecomunicaciones y agua y saneamiento".
De acuerdo a los datos del 2012, último año disponible para efectuar el análisis, la inversión promedio regional en los cuatro sectores fue de 3,49% del PIB. Detalla que ese año Costa Rica fue el país que más invirtió en infraestructura, en total 5,47% del PIB de inversión pública y privada, seguido por Uruguay (5,08%), Nicaragua (4,93%), Bolivia (4,47%), Perú (4,46%) y Brasil (4,10%).
Para el organismo, las inversiones en obras de infraestructura "contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos, por ejemplo, salud, educación, esparcimiento, y reducen los costos asociados a la movilidad y la logística, con lo que se mejora a su vez el acceso a los mercados de bienes, servicios, de trabajo y financieros, otorgando un entorno propicio para aumentar el bienestar general de la población".
Asimismo, entiende que "la infraestructura económica es un insumo de capital fundamental para la producción y generación de riqueza, además de ser un elemento necesario en todas las etapas de desarrollo de las economías. Su impacto puede ser transformador, favoreciendo la productividad y la competitividad en los mercados internacionales, y con ello, el crecimiento y el desarrollo económico y social".
Según la CEPAL, los países de la región deberían "revisar el patrón de decisiones de inversión para orientarlo hacia nuevas infraestructuras que acompañen el camino a la igualdad, con sostenibilidad e inclusión".
En esta región de Rafaela y gran parte de la Provincia se registra una deuda importante en materia de obra pública, con responsabilidad de diferentes niveles de gobierno. El Gobierno nacional anunció hace diez años que financiaría la transformación de la ruta nacional 34 en autovía pero la obra sigue siendo una expresión de deseo, el nuevo acueducto comenzó en la primera etapa pero para los rafaelinos aún es un dibujo en un papel. La ampliación del gasoducto es un reclamo que tiene varios años y tampoco se vislumbra cuándo finalmente se hará realidad.
Así las cosas, pasan los años y los proyectos se modernizan sólo en los papeles, pero las obras no se hacen.
Los comentarios de este artículo se encuentran deshabilitados.