Por REDACCION
La semana pasada se desarrolló en Río Cuarto el primer Congreso del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, donde más de 500 profesionales de todo el país coincidieron en la necesidad de reforzar la soberanía alimentaria del país y diversificar la producción local de los cultivos. Un tema que merece ocupar un lugar importante en la agenda de prioridades de la política nacional.
Durante la apertura del Congreso, Francisco Anglesio, presidente del INTA, destacó que el segmento de la Agricultura Familiar fortalece a la soberanía alimentaria. En esa línea, el funcionario agregó que el 65% de los productores del país son agricultores familiares y representan el 20% de la producción bruta.
En el marco del año internacional de la agricultura familiar, el congreso buscó fortalecer los foros regionales de universidades nacionales para la agricultura familiar, discutir los principales problemas y oportunidades del sector, destacar el valor social, económico y cultural de este sistema de producción, establecer posición sobre el papel del sector en el desarrollo nacional y promover la visibilidad curricular de la agricultura familiar en las universidades nacionales.
Las actividades orientadas a concientizar sobre la materia se seguirán repitiendo en el transcurso del año y también abarcarán distintos ámbitos. En este sentido, cabe destacar que en abril de este año, la diputada santafesina Claudia Giaccone presentó junto a miembros de la Federación de Organizaciones de Agricultura Familiar (Fonaf) un proyecto de ley de reparación histórica.
El proyecto contempla la adjudicación de tierras, la suspensión de juicios de desalojos por cinco años, y un sistema de comercialización para el sector.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un banco de tierras para la adjudicación de las mismas y la suspensión por cinco años de los juicios de desalojos. La iniciativa establece que "se suspenderán por 5 años desalojos compulsivos y directos en todos los casos de agricultores familiares".
Giaccone aseguró que el objetivo del proyecto es "tener todos los instrumentos para que los agricultores familiares sean protagonistas centrales y se conviertan en protagonistas de la cadena de comercialización".
En tanto, el titular del Fonaf, Miguel Fernández, demandó la sanción de esta ley que reconoce "a la agricultura familiar", destacando la "potencialidad que representamos ya que tenemos unos 100.000 afiliados y se calcula en 250.000 los agriculturores".
Además, el proyecto declara de "interés público la Agricultura Familiar por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva". También contempla la creación del Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para el medio rural.
La “soberanía alimentaria” consiste en “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Por ello se apoya especialmente a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga un espacio institucional relevante a los campesinos y a la agricultura familiar, y se coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.
También establece que sean las personas y organizaciones las gestoras de su propio desarrollo, de una manera participativa, con responsabilidad y compromiso. Los productores familiares poseen potencialidad productiva y el papel insustituible de proveedor de alimentos sanos, frescos, de alta calidad alimenticia y a un precio justo. Incluso, los agricultores familiares pueden ser protagonistas de la lucha antiinflacionaria.
Desde hace unos años en Argentina, con un piso de nueve millones de hectáreas rurales en disputa, todas las organizaciones rurales de base vienen denunciando el avance del agronegocio y cuestionan la falta de apoyo del Estado a los sectores populares del campo.
Las semillas tienen un lugar fundamental en la lucha por una producción de alimentos más justa y sustentable. De ellas depende el alimento de los pueblos, cómo se cultiva y quién lo cultiva. De ellas depende nuestra soberanía.
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