Por REDACCION
El avance vertiginoso que exhibe la tecnología de los aparatos de telefonía celular no ha sido acompañado, por parte de las operadoras del servicio en la Argentina, con las inversiones necesarias para garantizar una óptima señal, lo que repercute en la calidad de las comunicaciones. Con un mercado regulado en el cual es el Gobierno el que autoriza los incrementos a medida que considera necesario, las compañías han priorizado la venta de equipamiento con alta rentabilidad en detrimento de una inversión en infraestructura, lo que perjudica a los usuarios que se quedan sin señal en distintas regiones del país. La problemática también se advierte, con nítidez, en la ciudad de Rafaela donde en algunos barrios es imposible disponer del servicio.
La Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, con sede en Buenos Aires, denunció en forma reiterada que las cuatro empresas de telefonía móvil del país presentan problemas técnicos debido a la falta de inversión a la vez que insiste cada vez que puede que se declare a la telefonía móvil como un servicio público, tal como lo hizo oportunamente el senador nacional por Santa Fe, Rubén Giustiniani.
En este contexto, el presidente de la Cámara de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (Cappitel), Pablo Perelmuter, advirtió que las empresas de telefonía
celular redujeron la inversión en la calidad del servicio con el
fin de concentrarse en la venta de equipos.
"Antes había competencia por tener calidad de servicio. Con el
tiempo eso se deterioró y hoy por hoy sólo compiten por vender",
se quejó el dirigente que de alguna forma puso sobre la mesa el pensamiento de muchos argentinos que a pesar de pagar puntualmente sus facturas no tienen garantías de que el servicio funcione en forma óptima.
Perelmuter sostuvo que "desde 2001 cambió el accionar de las compañías, antes se cuidaba al proveedor, había inversión y contaban con una
estructura de ingeniería" pero en la actualidad "las inversiones se
concentran en plantar departamentos de marketing". Quizás así se entiende el bombardeo publicitario que podemos comprobar en cualquier canal de televisión y otros medios de comunicación tradicionales, como así también nuevos canales.
Para el presidente de la cámara que agrupa a empresarios de los
sectores metalúrgicos, electromecánico, eléctrico e ingeniería "el problema es que las ventas no son acompañadas
por una ampliación de la red". En tal sentido, consieró que a las grandes compañías de telefonía celular "sólo les interesa el
resultado final, que en este país son excelentes (con relación a
la recaudación)". Además, evaluó que las dificultades en el servicio que brindan las
empresas están ligadas con un "conjunto de cuestiones" y señaló
que "una de ellas es el hecho de la poca cantidad de radiobases
operativas con potencia para abastecer el tráfico de
comunicaciones". Al respecto, explicó que la radiobase "es un equipo transmisor que se
conecta con los celulares para enviar y recibir señal" y sostuvo
que, por la falta de inversión, no hay suficientes para que se
puedan realizar las comunicaciones de manera fluida.
En Rafaela, por ejemplo en los barrios Belgrano o Villa Los Alamos se accede al servicio con ciertas dificultades. Las quejas ante entidades defensoras de los derechos de los usuarios en la Argentina son encabezadas por los servicios de telefonía celular, lo que demuestra la profundidad de la problemática.
La denominada portabilidad numérica, que permite a los usuarios cambiar de empresa proveedora del servicio sin abandonar su número de celular, fue uno de los motivos que explica en parte la desinversión en infraestructura básica. Además, a mediados del año pasado, se implementó en forma efectiva el sistema "Conocé lo que pagás", mediante el cual los usuarios tienen disponible la información con los costos de los servicios contratados con las empresas del sector y el detalle de los consumos realizados durante los últimos seis meses.
Es cierto que la telefonía celular es un negocio millonario que llegó para quedarse y que crece a medida que aumentan la cantidad de líneas, en cierta medida en perjuicio de los teléfonos fijos. También lo es que el servicio evoluciona, ya que por ahora se habla menos y cae el envío de mensajes de texto, a la vez que aumenta el tráfico de datos. En este escenario, se entiende por qué las entidades defensoras de los derechos de los usuarios reclaman al Gobierno que la telefonía móvil sea declarada servicio público, ya que de esa forma se establecería un régimen de protección al más débil, que es el usuario y obligará a las empresas a someterse a un marco regulatorio que asegure los caracteres de todo servicio público, es decir, generalidad, uniformidad, regularidad, obligatoriedad y continuidad.
Mientras tanto, ahora el mercado da un nuevo paso hacia al futuro con las frecuencias de espectro radioeléctrico para dar servicios de comunicaciones de 4G, aunque el interés por el derecho de los usuarios debe seguir en la agenda.
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