Pueblos originarios

Una de los temas pendientes en materia de derechos humanos sigue siendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y el respeto tanto de sus tierras como de su cultura. En este sentido, durante la última semana se pudo asistir a un nuevo episodio en la historia de estos reclamos que merece ser destacado y que puede llegar a marcar un camino a seguir.

La comunidad Qom (Toba) y el Gobierno formoseño participaron de una audiencia pública en el recinto de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que el máximo tribunal se pueda expedir en torno al dividendo que mantiene por la ocupación de unas 600 hectáreas en el norte del país. Conflicto que en diciembre pasado alcanzó relevancia tras el violento desalojo que dejó, al menos, dos miembros de la comunidad muertos.

Ante una sala repleta, entre los que se encontraba el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo "Línea Fundadora", Nora Cortiñas, y el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, los representantes de La Primavera dieron sus razones sobre el caso e hicieron alusión también a temas de fondo basados en una forma distinta de entender la relación con la tierra. Por el lado del Gobierno también dijeron lo suyo, pero faltaron respuestas al momento de contestar algunas consultas realizadas por el Tribunal. El gobernador formeseño, Gildo Insfrán, quien fue citado por la Corte, no se presentó.

Los terrenos en cuestión fueron cedidos por el Gobierno a la universidad provincial para la construcción de una nueva casa de estudios. Para el pueblo aborigen, esos suelos les pertenecen desde el año 1951 y el Estado no puede decidir el destino de ellos. Lo cierto es que el Gobierno no presentó alternativas al tema, como la ubicación de la Universidad en otro lugar, y cuestionó a los Qom de ser "intransigentes".

En medio de las disputas, quedaron resonando en el recinto las palabras tanto del defensor de los Qom como del cacique de la comunidad. “La posibilidad que la comunidad tiene de desarrollar su propia cultura está íntimamente ligada con el territorio que habita hace miles de años. Si no se les garantiza el acceso a la tierra, se produciría su extinción”, dijo el abogado, Julián Langevín.

El letrado destacó que la relación entre los qom y su tierra no sólo es “material" sino también "espiritual”. También reclamó por el derecho de los 3500 niños, niñas y adolescentes de la comunidad: “Hubo chicos de 10 años detenidos el día de la represión; uno recibió una citación judicial por usurpación. Otro de cinco años con problemas de la vista perdió los turnos del hospital, cuando fue no lo atendieron y hoy está ciego por ser pobre, niño e indígena”.

Luego describió la situación de la comunidad, que no tiene cloacas ni agua corriente, y exigió centros de acceso a la Justicia con traductores. Además hizo referencia a las tierras que la comunidad posee dentro del Parque Nacional de la región. "Hasta tal punto se invadió que dentro quedó el cementerio de la comunidad y se los apaleaba cuando iban a visitar a sus muertos o a cazar o pescar en la Laguna Blanca, que para ellos es sagrada”. Si bien aclaró que la convivencia con Gendarmería es pacífica, “la policía provincial, los amenaza y agrede” constantemente.

Por su parte, el cacique Félix Díaz, señaló que su pueblo es “víctima de la política de Estado para justificar los despojos que se nos hace año a año”. Luego comentó que en los cuatro meses de corte de ruta en Formosa ningún funcionario local se acercó a hablar con ellos y por eso trasladaron el reclamo a Buenos Aires, tras la represión. Sin dejar de mirar a los jueces, Díaz preguntó: “¿cuándo capacitaron a los indígenas para ejercer sus derechos?”.

Actualmente hay 199 comunidades aborígenes sólo en Formosa, entre las cuales se hablan tres lenguas con sus distintas variedades. A pesar de esto, en la Provincia aún no se hizo el registro nacional de comunidades por falta de un acuerdo operativo con la gobierno formoseño.

A raíz de este tema, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se exigió que se respete “el derecho a la tierra y el territorio” de los pueblos originarios. Algo que deberá dejar de ser un simple discurso y comenzar definitivamente a hacerse realidad.