Por REDACCION
Con la obligación de reducir el rojo fiscal, el Estado nacional tiene la misión de bajar sus gastos y mejorar el perfil de sus ingresos a través de la recaudación fiscal que está a cargo de la AFIP, el organismo que cuenta con más de 20 mil empleados repartidos en agencias territoriales ubicadas en todo el país. Disminuir los egresos no es tarea sencilla y menos aún en un año electoral donde la tentación de los políticos que buscan retener el poder es gastar más con la esperanza de lograr el respaldo en las urnas. La otra herramienta es aumentar la recaudación impositiva, con una AFIP que sofoca a los contribuyentes como si fueran los recaudadores de la Corona inglesa hace 500 años cuando obligaban a punta de espada a los agricultores a pagar el tributo al rey. Este organismo argentino no tiene espada pero de todos modos apela a herramientas que paralizan a sus presas, los contribuyentes, cuando no están al día.
Las necesidades del fisco tienden a la solución fácil: aumentar los impuestos, lo cual asfixia la economía real, la de las pymes, el campo, los comercios y los servicios. En su último informe, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino sostuvo que existe un amplio consenso sobre la necesidad de bajar la presión tributaria. También es amplio el convencimiento de que la delicada situación fiscal no da márgenes para perder ingresos públicos. Además, se tiene asumido que en períodos pre-electorales es imposible avanzar en reformas estructurales. En este escenario, todo resulta en una inmovilidad que contrasta con la prolongación de la crisis y sus negativas consecuencias sociales.
Mientras que la situación demanda con urgencia acciones agresivas e innovadoras, la capacidad de respuesta en materia de políticas públicas se aletarga cada vez más, lamenta Idesa, que pone el acento a la instrumentación del Monotributo Unificado Córdoba y la califica como una saludable excepción. La idea consiste en fusionar en un solo impuesto los tributos que la Nación, la provincia y los municipios le cobran de manera superpuesta a los pequeños contribuyentes. Se trata de un segmento productivo que aporta una fracción pequeña del total de los ingresos públicos pero, por ser masivo, demanda un gran esfuerzo administrativo.
Para dar una idea concreta de la reforma, se puede tomar el caso de un trabajador por cuentapropia que genera ingresos por entre $20 mil y $25 mil por mes. Según las normas de cada jurisdicción, en función del volumen de sus ventas este pequeño contribuyente debe pagar mensualmente a la Nación (AFIP) la cuota de monotributo categoría D por un monto de $1.950, a la provincia (Rentas) por Ingresos Brutos un monto de $886 y al municipio por Tasa de Industria y Comercio un monto de $398.
Este esquema refleja la exagerada burocracia que se genera al aplicar de manera independiente tres impuestos diferentes al mismo contribuyente por el mismo hecho imponible. Se trata de una característica muy extendida en el sistema tributario argentino originada en las amplias potestades tributarias que ejercen los tres niveles de gobierno. La reforma en Córdoba hizo que desaparecieran los tres impuestos y se sustituyeran por el Monotributo Unificado Córdoba cuyo monto mensual es único por $3.234 mensuales. Esto permitió bajar la carga administrativa al contribuyente y al fisco ya que ahora se administra mensualmente un solo pago en lugar de tres y, además, se reduce a un tercio toda otra interacción entre el contribuyente y el fisco (inscripción, novedades, baja).
Si bien el objetivo de la reforma es la simplificación son sorprendentes los impactos positivos que tuvo sobre la recaudación, resalta Idesa en su reporte. Para la Provincia, en tan sólo dos meses de implementación el padrón de monotributistas registrados se expandió en un 40% y la tasa de cobro al día pasó de 45% a 58% y de cobro al mes siguiente de 54% a 64% de los contribuyentes. En los municipios, la ampliación del padrón de contribuyentes fue superior al 50% permitiendo compensar con creces la reducción en el monto de la tasa que debieron aplicar al adherir al mecanismo unificado. Esto sugiere que si la reforma se extendiera al resto de país, se beneficiaría a los 1,9 millones de monotributistas que actualmente están inscriptos y se podría avanzar en la formalización de los más de 2 millones de cuentapropistas que hoy operan “en negro”.
En el marco de este análisis, más interesante aún es replicar esta experiencia con el resto de los contribuyentes. Es decir, con los que superan el umbral que califica como pequeño. Unificar IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales para los contribuyentes medianos y grandes implicaría un avance sustancial en materia de simplificación haciendo posible bajar la presión tributaria sin sacrificar ingresos públicos. Si la unificación se replicara en los impuestos patrimoniales, que también se aplican de manera solapada, la eliminación de impuestos distorsivos dejaría de ser una mera expresión de deseos concluye el informe.
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