Por Redacción
Sonaron realmente fuertes las declaraciones del rafaelino Ricardo Lorenzetti, formuladas en Mendoza durante su participación en la V Conferencia Nacional de Jueces, cuando en medio de verdaderos tembladerales y declaraciones de contenido que roza lo intimidatorio, buscando seguramente llevar algo de tranquilidad a la población, sostuvo que la Justicia "no va a ceder a ninguna de las presiones que quieren ejercer" en algunas causas que son de importante repercusión pública, dejando además bien aclarado que la expresión estaba dirigida "a los poderes económicos y políticos", añadiendo al respecto "no vamos a cambiar nuestros principios esté quien esté por delante", recordando también que "la imparcialidad es esencial a la función judicial".
Es muy significativo que Lorenzetti se haya pronunciado de esa manera, señalando no sólo el exclusivo camino que debe seguir la Justicia en su conjunto, rechazando presiones y conservando su independencia, sino además, también adquiere un valor superlativo el recordatorio de imparcialidad que debe prevalecer en un magistrado. Justamente, algo que no parece haber prevalecido en una serie de causas de gran repercusión pública, que rápidamente en algunos casos y con excesiva demora en otros aunque buscando el mismo desenlace, favoreciendo los intereses del gobierno o bien personalmente a algunos de sus funcionarios.
Este pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cargo para el cual fue elegido nuevamente hasta fines de 2015, se dio justamente durante la mayor ebullición del conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales, la cual si bien cuenta con aprobación legislativa desde hace tres años, dos de sus artículos cuentan con una medida cautelar solicitada por el el Grupo en cuestión, a la cual el propio Alto Tribunal le había impuesto fecha de vencimiento para el 7 de diciembre próximo, con lo cual se obligaría a la empresa a realizar las desinversiones que correspondan, es decir, deshacerse de las licencias que excedan el límite impuesto por la ley.
Precisamente, existen diversas interpretaciones respecto a lo que deberá efectivamente ocurrir en la fecha mencionada, existiendo declaraciones de juristas que se han pronunciado en ambos sentidos. Es decir, mientras algunos sostienen que efectivamente el 7 de diciembre el Grupo informático deberá realizar las desinversiones, otros en cambio aseguran que recién desde entonces comenzará a regir la medida de un año que con anterioridad se había dispuesto para deshacerse de las licencias en exceso.
Tras algunos episodios realmente llamativos por sus características, fracasando tres reuniones del Consejo de la Magistratura y con lo que fue considerado un verdadero abuso del ministro de Justicia, Julio Alak, rechazando a dos jueces subrogantes para cubrir el Juzgado Nº 1 en lo Civil y Comercial, que es justamente el que deberá resolver sobre la aplicación del artículo 161. Ahora, fue designado para ocupar el cargo, siempre con carácter de subrogancia aunque en forma permanente, un juez que despertó la conformidad gubernamental. Lo cual, considerando todo lo sucedido con anterioridad, despierta dudas sobre el desenlace, y precisamente, en lo que hace a la imparcialidad del pronunciamiento. Además, y siempre avanzando sobre el mismo tema, en el Senado fueron designados 17 conjueces, prestos para intervenir en el asunto..
En medio de esta dura polémica, convertida en una más de las muchas que han profundizado la fuerte división que se advierte en la población, el Dr. Lorenzetti hizo públicas estas declaraciones de muy alto voltaje, dirigidas a toda la ciudadanía pero muy especialmente a los magistrados, cuando sostuvo "las presiones que existan no deben amedrentar a los jueces", también dando señales muy precisas con la expresión "el Poder Judicial está unido y está fuerte, y en ese sentido podemos enfrentar cualquier viento que aparezca".
En realidad, son muy positivas estas afirmaciones, justo en momentos en que todo el sistema judicial tiene afectada su credibilidad como resultado del fuerte avance sobre el mismo por parte del Poder Ejecutivo, buscando aportar tranquilidad en buena parte de la ciudadanía, al observar los riesgos que se expanden sobre la libertad de prensa.
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