Por REDACCION
En la Argentina donde se proclama el cambio pero que en la práctica difícilmente se cambia porque nadie quiere arriesgarse a perder privilegios o abandonar la zona de confort, los gremios constituyen instituciones fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores pero, al mismo tiempo, colocan debajo de sus amplias alfombras demasiado polvo para que nadie lo encuentre. Pero llega un momento en que es imposible disimular esa situación, esa madeja de irregularidades porque la alfombra no alcanza a cubrir todo.
El poderoso gremio de los Camioneros consolidó una estructura de poder, principalmente a partir del retroceso del ferrocarril como medio de transporte de cargas, que sustenta el crecimiento en la escena política de su líder, Hugo Moyano.
Sin embargo, al igual que otras entidades de la democracia, no pocos sindicatos argentinos han sido infiltrados por prácticas que poco tienen que ver con la transparencia, la legalidad y la corrección sino todo lo contrario: el apriete es moneda corriente al igual que la irrupción de patotas violentas -financiadas con el dinero de los afiliados o el fruto de las extorsiones a empresarios- que se rigen con el perfecto manual de la mafia.
Así las cosas, alguna vez los gremios deberían barajar y dar de nuevo. Como los diputados y senadores provinciales y nacionales que poco aportan a la transparencia y el cuidado de los fondos de los contribuyentes con nombramientos de familiares y amigos para sacar provecho propio de un cargo público, tal como se planteó en la Editorial de ayer en este mismo espacio.
Las organizaciones obreras que elevan y eternizan a dirigentes en sus puestos de poder, al punto de poder ser comparados, en ciertos casos- a los de un dictador deberían someterse a una revisión profunda de sus cuerpos orgánicos para resembrar la democracia institucional para que puedan cumplir sus objetivos básicos, defender los derechos de los trabajadores y prestar servicios de calidad.
Además, se debe evitar el continuismo de por vida y el enriquecimiento nada claro de sus cúpulas dirigenciales como sucede en este país. Incorporar la figura de la declaración jurada -más allá de que en la política su aporte a veces es mínimo en una Argentina donde, hecha la ley, hecha la trampa- y fijar límites a las reelecciones serían cambios saludables, como así también brindar y publicar informes de gestión en forma periódica.
"¿Tener algo significa ser deshonesto?", se preguntó Moyano el fin de semana cuando participó del programa de comidas de Mirtha Legrand en Canal 13. Este interrogante en el contexto actual del sindicalismo nacional tiene una respuesta casi obvia. Los escándalos recientes que involucran a los gremialistas Juan Pablo "Pata" Medina de la UOCRA La Plata, Humberto Monteros de la UOCRA Bahía Blanca -junto a otros nueve dirigentes-, Omar "Caballo" Suárez del SOMU y Marcelo Balcedo del SOEME La Plata, entre otros, son irrefutables.
A este mapa judicial de los gremios se suma el asesinato del tesorero de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y hombre de confianza de Moyano en ese momento, Abel Beroiz, ocurrido en un garaje de Rosario a fines de 2007.
La percepción de la sociedad sobre la figura de los sindicatos alcanza un enorme descrédito. Se sospecha que son reductos donde funcionan bolsones de barrabravas violentos y de dirigentes capaces de negociar beneficios particulares, ponen sus intereses personales por encima de sus representados y disponen un manejo absolutamente discrecional de los fondos colectivos de sus afiliados.
La Justicia subordinada al poder político no ayuda en nada a sanear el entramado institucional que le da soporte a la república. Quizás por las presiones, las amenazas o simple comodidad, los jueces hacen poco contra la corruptos y delincuentes que ocupan puestos públicos o sindicales. Al menos esa es la sensación dominante.
Si los dirigentes gremiales se proponen recuperar la confianza pública, bueno sería que comiencen a transparentar sus gestiones, empezando a decir cuál es su sueldo, cuánto recaudan por afiliaciones, cuánto gastan en la estructura gremial y cuánto en las obras sociales. Y además no deberían tener ninguna preocupación en informar públicamente cuál es su patrimonio una vez que ingresan a un cargo sindical rentado y cuál es cuando se alejan de la función. Por cierto, lo mismo debería ocurrir con los dirigentes políticos, más allá de que lo hacen bajo el sistema de declaraciones juradas que parecen demasiados secretas y lejanas de alcanzar para el ciudadano común y corriente.
Si las cosas fueran distintas, quizás la Argentina podría estar más cerca de convertirse en un país ordenado, sustentable, previsible, seguro, con equidad, con empleo registrado para la mayoría de su población económicamente activa, con con rutas y caminos en buen estado, hospitales y salud pública de calidad, escuelas de edificios sanos y docentes comprometidos. No es menos cierto que el ciudadano común también debería adoptar como regla básica el respeto por todas las normas, comenzando por las de tránsito, sin olvidar conservar los buenos modales.
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